La Sindicatura ya denunció los manejos de la cúpula política de Infraestructures.cat

El caso 3% ha vuelto a las portadas. En una operación realizada este miércoles han sido detenidos el tesorero de CDC, Andreu Viloca, varios empresarios y el director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, en relación con el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública.

Artur Mas ha puesto la mano en el fuego por Infraestructures.cat, antigua Gisa. El president afirma que los expedientes de la compañía pública «son impecables». Pero puede quemarse. El director general de la empresa está detenido. Y el presidente, Joan Lluís Quer, imputado por un caso que denunció la Sindicatura de Comptes en un informe del año 2014.

Representante de la UTE DMA-Gestió

La trayectoria de Quer es curiosa. Fue director de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) con el último Gobierno de Pujol. Dejó el cargo en 2004 con la llegada del tripartito y se fue a la empresa privada. Se convirtió en representante de DMA-Gestió, una Unión Temporal de Empresas constituida por tres compañías: Auditoría e Ingeniería, United Research Services España y Argengny.

DMA-Gestió se adjudicó en enero de 2008 un contrato precisamente de la ACA para «elaborar el programa de medidas y el plan de gestión de la cuenca fluvial de Cataluña». El proceso de contratación estuvo plagado de irregularidades, según detectó la Sindicatura en su informe de auditoría.

Contenido genérico y tareas indefinidas

Para empezar, antes de que se aprobaran los pliegos del concurso, ya se produjeron reuniones entre «el personal de la ACA y el de las empresas que finalmente conformaron la UTE adjudicataria». Después, se firmó un contrato principal cuyo contenido era «muy genérico» y las tareas a realizar «indefinidas».

Además, incluyó la posibilidad de que DMA-Gestió pudiese «subcontratar a terceros». Algo que, según la Sindicatura, «supone preestablecer la adjudicación directa de las tareas complementarias».

Factura de 7,68 millones de euros

Por el contrato principal se pagaron 3,75 millones de euros. Gracias a la puerta abierta que permitía la subcontratación, de ese primer contrato derivaron «otros 38 contratos por tareas complementarias». Por estos nuevos contratos se pagó una factura conjunta de otros 3,93 millones de euros. En total, por este trabajo tan indefinido, la ACA, la antigua empresa de Quer, abonó 7,68 millones de euros.

Hubo otras irregularidades, según señala la Sindicatura, tales como la falta de las obligatorias autorizaciones de la Comisión de Seguimiento, el incumplimiento de algunos plazos de entrega, la inexistencia del comunicado de las subcontrataciones, la carencia de la firma de la ACA en algunos de los subcontratos o la ausencia de ciertas certificaciones.

Irregularidades perseguibles judicialmente

Con todos estos antecedentes, la Sindicatura concluyó que existían «irregularidades en la licitación, adjudicación y ejecución» del contrato y que éstas «podrían dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente».

Así fue. La Fiscalía abrió diligencias por este asunto en julio de 2014 a raíz de una denuncia de la Generalitat, al fin y al cabo, las irregularidades se habían producido cuando gobernaba el tripartito. Pero en el interín, Quer fue recuperado por CDC, que lo puso al frente de Infraestructures.cat, la empresa sobre la que ahora planea la Justicia.

La Generalitat ya no se siente perjudicada

Y resulta que la Generalitat se ha arrepentido. Ya no se siente agraviada por el dinero que supuestamente malversó la ACA con la adjudicación del contrato a Quer. Los Departamentos de Economia y de Territori han presentado sendos escritos ante el juzgado que instruye el caso en los que aseguran que la Generalitat «no se siente perjudicada» y por tanto «no comparecerá» en el procedimiento. Pese a eso, la instrucción continúa y Quer, que cobra un salario de 150.000 euros por presidir Infraestructures.cat, sigue imputado.