La Sindicatura de Cuentas reclama al Parlament que no le haga perder el tiempo

El interrogante no es menor. ¿Le interesa al Parlament y al Govern la labor que realiza la Sindicatura de Cuentas? Los trabajos tienen enjundia. Muchos están bien elaborados, pero llegan siempre tarde, y, en algunos casos, sobre cuestiones que ya han sido auditadas. El organismo es consciente de ello, y reclama cambios legislativos para ganar en independencia y en eficacia.

Lo explicitó este jueve el Síndico Mayor, Jaume Amat, que presentó en el Parlament el informe anual sobre la Cuenta General de la Generalitat de 2012, que fue aprobado por la Cámara.

La Sindicatura reclama que el Parlament modifique la Ley de Finanzas Públicas, con el objetivo de revisar el contenido del artículo 71. Lo que marca ese artículo es la obligación de la Sindicatura de presentar anualmente a la cámara catalana un informe de fiscalización de las entidades que se incluyen en los presupuestos de la Generalitat y de las universidades públicas cuando el presupuesto supera los 150 millones de euros.

Optimizar recursos

La medida parece lógica, pero fuentes de la Sindicatura aseguran que los informes se acaban asemejando mucho en cada ejercicio, si es que no se han producido cambios de envergadura en las entidades, y ello supone una dedicación de la mayoría de los recursos humanos del organismo.

Amat concretó sus quejas, que los diputados siguen sin recoger. «Esta Sindicatura ha propuesto diversas alternativas e instrumentos para optimizar recursos, tanto respecto a la rendición duplicada de las cuentas a la Intervención General y a la Sindicatura, como respecto a la obligación de presentar anualmente informes de fiscalización de todas las entidades con un presupuesto anual superior a los 150 millones de euros, que representan a unas 30 entidades y donde la Sindicatura debe dedicar más de la mitad de sus recursos», aseguró.

El drama es que esas entidades ya están fiscalizadas, porque, al presentar ese volumen de presupuesto, son auditadas por empresas privadas de auditoría, y «en muchos casos también por la Intervención General de la Generalitat».

Las cuentas de 2012

Entre esas entidades figuran empresas públicas, como Infraestructures.cat (antigua Gisa); ICF; ACA; o Ifercat, entre otros. Y también hospitales, y las universidades públicas.

Es decir, la Sindicatura quiere sentirse útil, en un momento en el que los partidos se enfrentan a una mayor demanda de la sociedad, para que las cuentas públicas sean lo más transparentes posibles.

El Parlament se limitó a aprobar el informe sobre las cuentas de la Generalitat de 2012, que fueron determinantes, porque el Govern de Artur Mas incluyó en el ejercicio, en los últimos días de diciembre, 1.000 millones por la privatización de ATLL.

La Sindicatura constata que la Generalitat experimentó un crecimiento de la deuda viva consolidada de los 35.543 millones de 2011 a los 42.311 millones. La deuda a largo plazo pasó de 24.972 millones 35.865 millones, mientras que la deuda a corto plazo bajó de 10.571 a 6.447 millones.