La remunicipalización de servicios destruirá empleo

En pleno debate sobre la remunicipalización de servicios públicos, muy vivo en Cataluña con el agua, los expertos se han mojado. Reunidos en el I Foro de Servicios Públicos Municipales, varios expertos han advertido que pasar de gestión privada a pública los servicios públicos destruirá empleo.  

El I Foro de Servicios Públicos Municipales, celebrado en Madrid, ha concluido que el empleo será la primera víctima de estos procesos, que se han puesto en marcha en ciudades españolas como consecuencia de los recientes cambios políticos registrados en la corporaciones tras las últimas elecciones municipales.  

En Cataluña, existe un debate muy vivo en varias ciudades, como Terrassa, sobre qué hacer con la gestión del agua, que está en manos privadas. También a nivel de toda el área metropolitana de Barcelona, muchas voces han reclamado que se revoque la concesión a ATLL y vuelva a manos públicas.  

Los expertos que han participado en el Foro, entre los que se encontraba el ex ministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez, han explicado que tras los comicios municipales, han accedido al poder grupos políticos que abanderan la supresión de la gestión privada de servicios públicos, limpieza, saneamiento, suministro de agua, transporte, mantenimiento de señales de tráfico, etc.  

Peores condiciones laborales

Según sus conclusiones, el riesgo más evidente de esta tendencia va a ser la pérdida de puestos de trabajo o el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores que actualmente hacen funcionar esos servicios municipales desde empresas privadas.  

Argumentan que hay una serie de cuestiones ineludibles que anulan esa visión de automatización del pase de lo privado a lo público. «No hay procesos de subrogación inmediata por parte de los ayuntamientos de los empleos afectados. El modelo de sucesión de empresa que se da entre empresas privadas no se replica de forma automática si un ayuntamiento recupera la gestión de un servicio que antes gestionaba una empresa privada», han recalcado.  

Añaden que la sucesión sólo se produciría si revirtiera al ayuntamiento toda la unidad productiva afectada y «resulta muy improbable que un antiguo contratista ceda al municipio activos propios».   Según los especialistas, está claro que Hacienda «no va a permitir operaciones de trasvase de empleo que supongan incremento del gasto». Y ese incremento, señalan, está prácticamente garantizado «pues los municipios no pueden asumir directamente los costes laborales de los nuevos trabajadores sobre la base de que sus salarios se cubren con los ingresos que anteriormente recibía la empresa contratista».

Más eficientes
 
Opinan que en la mayor parte de los casos se trata de empresas que trabajan para múltiples municipios, con modelos de gestión «globalizados» en los que los ingresos globales de todas sus concesiones «cubren todos sus costes igualmente globales y obtiene su beneficio».

Advierten que si se fragmenta el mercado y cada municipio se convierte en una empresa aislada, ese colchón de seguridad desaparece y cada municipio debe obtener los recursos para pagar los salarios de los nuevos trabajadores «funcionarizados». En un sistema de tarifas controladas, con tramos de bajo consumo en servicios esenciales como el agua que tiene precios casi simbólicos, «no habría más solución que reducir empleo o subir tarifas a todos los usuarios para cubrir los costes salariales».