La reforma del Código Penal impulsa la mayoría de PP y Vox
El PP obtendría entre 141 y 143 escaños y, por tanto, conseguiría 50 diputados más respecto las últimas elecciones generales, según la encuesta elaborada por NC Report
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE/Raquel Manzanares
La reforma del Código Penal que quiere promover el Gobierno liderado por Pedro Sánchez da un impulso a una mayoría parlamentaria conformada por el PP y Vox, tal y como reflejan los datos de los últimos sondeos. Y es que, de producirse elecciones generales, los ‘populares’ no solo mejorarían su resultado respecto de los anteriores comicios, sino que además lograrían el número de escaños suficiente para obtener mayoría absoluta, sumando con la formación presidida por Santiago Abascal.
En concreto, el PP obtendría entre 141 y 143 escaños y, por tanto, conseguiría 50 diputados más respecto las últimas elecciones generales, según los datos de la encuesta elaborada entre el 13 y el 17 de diciembre por NC Report para el diario La Razón. Por su parte, Vox lograría entre 42 y 44 escaños. Teniendo en cuenta que la mayoría del Congreso de los Diputados se sitúa en los 176 diputados, si las dos formaciones aunaran fuerzas alcanzarían entre los 183 y los 187 escaños.
Por su parte, el PSOE se haría con entre 92 y 94 diputados y, consecuentemente, perdería entre 26 y 28 escaños respecto de los últimos comicios estatales. Sin embargo, obtendrían un mejor resultado en comparación con los datos del anterior sondeo elaborado por el diario, ya que lograrían hasta cuatro escaños más. Dado que la encuesta atribuye a Unidas Podemos entre 25 y 27 diputados, si las dos formaciones sumaran fuerzas no conseguirían la mayoría absoluta, ya que únicamente lograrían entre 117 y 121 diputados.
Reforma del Código Penal
PSOE y Unidas Podemos, los dos grupos parlamentarios del Ejecutivo, registraron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar el delito de sedición contemplado en el Código Penal y reemplazarlo por uno de «desórdenes públicos agravados», para rebajar las penas tipificadas.
El texto de la proposición modificaba el artículo 557 del Código Penal para reducir la pena máxima actual de cárcel de 15 años a cinco para quienes, siendo cargo público, actúen «en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación» sobre las personas o las cosas, obstaculicen vías públicas o invadan instalaciones o edificios.
La pena mínima de prisión para los cargos públicos que cometan ese delito será de tres años más una «inhabilitación especial para empleo o cargo público» por el mismo tiempo. Aunque, en el caso de que los autores sean además autoridad, la pena de inhabilitación asciende a entre seis y ocho años. Sin embargo, no se modifican las penas del delito de rebelión, que se mantienen en un máximo de 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
El jefe del Ejecutivo negó que este paso estuviera vinculado al apoyo de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino que se trataba de remplazar este delito por uno que sea «homologable al que tienen otras democracias europeas».
Otra de las reformas anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba relacionada con una rebaja del delito de malversación. El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López, anunció la presentación por parte de los dos partidos de la coalición de una enmienda en la que se introducía un nuevo delito por enriquecimiento ilícito.
Según esta nueva infracción, aquellos cargos públicos que tengan un incremento de patrimonio o cancelaciones de sus deudas por encima de 250.000 euros durante el cargo y hasta cinco años después de abandonarlo tendrán que justificar este aumento. Si no, las penas de prisión serán de entre seis meses y tres años, entre dos años y siete de inhabilitación y multas de hasta tres veces más de la cantidad obtenida.
