La rebaja de Sánchez del delito de sedición: de 15 años máximo de cárcel a 5
La pena máxima de inhabilitación del nuevo delito de "desórdenes públicos agravados" sería de 8 años si lo comete un cargo público
Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. EFE / Javier Lizón
PSOE y Unidas Podemos, los grupos parlamentarios del Ejecutivo, han registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar el delito de sedición contemplado en el Código Penal (CP), reemplazándolo por uno de «desórdenes públicos agravados» que, en la práctica, rebaja las penas tipificadas.
En concreto, el texto de la proposición modifica el artículo 557 del CP para rebajar la pena máxima actual de cárcel de 15 años a cinco para quienes, siendo cargo público, actúen «en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación» sobre las personas o las cosas, obstaculicen vías públicas o invadan instalaciones o edificios.
La pena mínima de prisión para los cargos públicos que cometan ese delito será de tres años más una «inhabilitación especial para empleo o cargo público» por el mismo tiempo. Aunque, en el caso de que los autores sean además autoridad, la pena de inhabilitación asciende a entre seis y ocho años. Sin embargo, no se modifican las penas del delito de rebelión, que se mantienen en un máximo de 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
Se ha escogido la forma de la proposición de ley en vez de la de proyecto de ley, que es la que corresponde cuando un texto legislativo lo presenta el Gobierno, porque la tramitación parlamentaria es más rápida, ya que los proyectos de ley necesitan de informes del CGPJ y del Consejo de Estado. La proposición de ley necesitará reunir 176 votos a favor para aprobarse, la mayoría simple de la Cámara Baja.
No es «ninguna novedad»
El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha explicado este viernes en una rueda de prensa posterior a la presentación del texto que su partido lleva tres años «dirigiéndose al PSOE para redactar esta reforma del Código Penal». Además, afirma que ambos partidos de la coalición de Gobierno tenían el compromiso público de que la reforma se iba a llevar a cabo y, por eso, les «sorprendió» que el PP rompiera las negociaciones para renovar el CGPJ. «No se trata de ninguna novedad, era un compromiso público», ha sentenciado.
El jefe del Ejecutivo, por su parte, negó el jueves al anunciar la reforma en La Sexta que este paso esté vinculado al apoyo de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y aseguró que se trata de reemplazar el delito de sedición por uno que sea «homologable al que tienen otras democracias europeas». Este viernes, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el republicano Pere Aragonès, ha celebrado la reforma, pero también ha pedido ya más cesiones, como la amnistía a los políticos condenados y huidos y un referéndum de independencia.
