La multiconsulta amenaza con poner contra las cuerdas a Colau
La multiconsulta, ahora en el punto de mira de la fiscalia, acumula reproches de los grupos municipales, que exigen aclaraciones antes del pleno del martes
Ada Colau no piensa renunciar a la celebración de su accidentada multiconsulta, pese a que el ruido acumulado contra la misma empieza a resultar ensordecedor. Ni los tres contenciosos ya presentados contra el reglamento de participación que posibilita la multiconsulta ni la investigación abierta ahora por la fiscalía para determinar si el gobierno municipal ha incurrido en un delito de revelación de secretos comportan la paralización del proceso. Colau mantiene sus planes de celebrarla entre mayo y junio.
La concejal de Participación, Gala Pin, defiende que todo se ha hecho bien, dice que el consistorio no tiene constancia de la apertura de diligencias por parte de la fiscalía e insiste en que «todo seguirá tal y como está previsto».
La multiconsulta de Colau ya arrastra tres contenciosos
Pin alega que la entidad que recurrió a la fiscalia, la Asociación Por la Transparencia y la Calidad Democrática, es la misma que ya puso un recurso contra la municipalización del agua en Valladolid, y atribuye la denuncia a una estrategia organizada para impedir que la ciudadanía se manifieste sobre la posibilidad de llevar a cabo una operación equivalente en Barcelona.
La investigación de la fiscalía, abierta a instancias de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, se suma a los tres contenciosos ya abiertos contra la multiconsulta, presentados por Agbar, la delegación del gobierno y la Càmara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES).
Lluvia de reproches
Pese a las intenciones del gobierno de los comunes de seguir adelante contra viento y marea, la escalada judicial ha estrechado el cerco que la oposición ha puesto a la iniciativa y al propio ejecutivo.
Tras el anuncio de la investigación fiscal, el PP ha pedido a la junta de portavoces dos informes jurídicos: uno sobre la cesión de datos del padrón para hacer la consulta que investiga la fiscalía, y otro sobre la pertinencia de preguntar sobre la gestión pública del agua, una competencia que no es del ayuntamiento, sino del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Cs, por su parte, ha redoblado sus críticas a la iniciativa y ha recordado que el mes pasado ya pidió un informe al secretario municipal sobre la legalidad de la multiconsulta.
El anuncio de la investigación del fiscal ha sublevado incluso a los exsocios de Colau en el gobierno. El PSC se ha sumado a las críticas y ha presentado una batería de preguntas por escrito sobre el respeto a la protección de datos que se ha tenido en el proceso y también sobre el coste del mismo, que hasta ahora tampoco se ha precisado, y que algunas informaciones han elevado a más de 3,5 millones de euros.
El PSC exige saber el coste de la votación, que podría situarse en torno a los 3,5 millones
También los neoconvergentes del Pdecat, pese a defender la apuesta por la participación, han advertido que el proceso puede acabar en «una chapuza» por exceso de improvisación y falta de consensos. Incluso ERC, firme partidaria de la iniciativa, en la que ve un reflejo de su reclamación del derecho a decidir, ha considerado que sería «interesante tener un informe del secretario para aseguarnos de que las cosas se hacen bien», según el jefe de filas de los republicanos, Alfred Bosch.
Los grupos aspiran a tener respuesta a todas las dudas que han planteado antes del pleno del martes que viene, en el que el consistorio prevé someter a votación las preguntas propuestas por los partidos para incorporarlas a las dos ya decididas por las plataformas ciudadanas: la ya comentada sobre la gestión del agua y una referida al eventual cambio de nombre de la plaza de Antonio López.
