La oposición pide responsabilidades al Govern por el vídeo del 25N

Las resoluciones jurídicas se pueden interpretar. Pero hay cuestiones que se pueden saber de antemano, y realizarlas, pese a tener consecuencias. Todas estas reflexiones surgen ahora tras la decisión de la Junta Electoral Central, que ha exigido al Ejecutivo catalán que retire “de inmediato” el vídeo de la campaña institucional del 25N, al entender que incentiva el voto y sugiere “directamente o indirectamente, opciones de voto”.

Los partidos que presentaron un recurso ante la Junta Provincial, que decidió elevar el asunto a la Junta Electoral Central, reclaman ahora “responsabilidades” al Govern. Porque la campaña, elaborada por la productora Imagina, ha costado 271.000 euros, y aunque más barata que otras campañas en el pasado, deberá ser retirada.

Campaña partidista

Tanto el PSC, como Ciutadans y el PP han reclamado responsabilidades, por considerar el vídeo «partidista». El candidato del PSC, Pere Navarro; el de Ciutadans, Albert Rivera, y el diputado del PP, Santi Rodríguez, han exigido que el Govern dé cuentas de por qué decidió dar luz verde a esa campaña, que estaba condenada desde el inicio a ser retirada, según los expertos consultados

Ley del Parlament

Y es que el acuerdo de la Junta Electoral Central se basa en legislación del propio Parlament de Catalunya, en concreto se refiere al artículo 109 de la Ley del Parlament 22/2005, de 29 de diciembre, de la Comunicación Audiovisual de Catalunya, en la que se señala que “las Administraciones de Catalunya, durante los periodos electorales, únicamente pueden hacer campañas de carácter institucional destinadas a informar a los ciudadanos sobre la fecha en que han de tener lugar las elecciones o el referéndum, el procedimiento para votar y los requisitos y los trámites del voto por correo. Estas campañas en ningún caso pueden sugerir, directa o indirectamente, opciones de voto”.

Ante todo lo que expone la resolución, la Junta Electoral Central considera que “los vídeos y las cuñas radiofónicas objeto de estas denuncias constituyen una campaña institucional de incentivación del voto no amparada por la legislación electoral aplicable a las elecciones al Parlamento de Catalunya de 25 de noviembre de 2012, y, en consecuencia, la Generalitat de Catalunya deberá proceder a su inmediata retirada, sin que proceda la incoacción de expediente sancionador”.

El argumento de Homs

Sin embargo, el Govern tratará ahora de buscar un rédito electoral ante esa resolución. El portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs, ha atribuido la decisión “al pánico de España a la democracia”. Para Homs la Junta no entra en el fondo de la campaña, sino que lo que veta es que se intente animar a la participación.

Y según Homs, con ello vulnera el Estatut. “No podemos hacer consultas ni podemos hacer campañas para pedir el voto. España tiene pánico a la democracia”, ha sentenciado Homs.

Según el portavoz del Govern, mientras el Estatut insta a hacer campañas para incentivar la participación, la ley española lo veta, por lo que “una vez más la ley española pasa por delante de una ley catalana”.

Ante esa resolución de la Junta, Homs ha afirmado que el Govern no hará otra campaña, porque, a su juicio, cualquier otra que fomente el voto será anulada.

La campaña ha costado 271.000 euros, que ha elaborado la productora Imagina. Y lleva tres días, por lo que le habrá costado a la Generalitat algo más de 90.000 euros por día. La oposición reclama responsabilidades de inmediato.