La oposición de Terrassa exige mano dura contra los ocupas

La ocupación ilegal de viviendas está poniendo en un aprieto al alcalde de Terrassa, el socialista Jordi Ballart, al que los grupos de la oposición acusan de actuar con mano blanda contra los incívicos por no haber impedido que la ciudad se convierta en pasto de las mafias que se dedican a asaltar pisos.  

El grupo de Ciudadanos, en la oposición municipal, prepara una propuesta de resolución, que prevé presentar en el pleno de noviembre, para combatir el «abuso» de las mafias de la ocupación, según avanza a este digital el concejal Javier González  

Estas mafias ofrecen pisos llaves en mano, con los servicios de luz, agua y gas pinchados, a partir de los 300 euros. Evidentemente, se trata de ocupaciones ilegales, que se practican preferentemente en inmuebles de obra nueva.

Ciudadanos reclama más presión policial  

Javier González recrimina al equipo de gobierno municipal, integrado por PSC y CiU, haber «bajado los brazos» en la persecución de la llamada ocupación incívica y propone intensificar la presión policial. «Debemos estar más encima», recalca. El concejal de Ciudadanos indica que intentarán consensuar su propuesta con todos los grupos.  

No es la primera vez que se presenta una moción para exigir mano dura contra la ocupación de viviendas en Terrassa. El abogado Gabriel Turmo, concejal del PP hasta el pasado enero, recuerda que en el pleno del 29 de mayo de 2014, durante el anterior mandato municipal, presentó una propuesta de resolución para establecer un protocolo de actuación ante la ocupación de inmuebles que fue rechazada por el resto de grupos políticos. «Si se hubiera aprobado, ahora tendríamos un instrumento» para atajar el problema, asegura.

Todos los grupos rechazaron la propuesta del PP   

El protocolo de actuación proponía medidas legales y policiales para acabar con una ocupación antes que transcurriera un plazo de 48 horas. Gabriel Turmo lamenta el voto en contra del resto los grupos del anterior consistorio, concretamente del PSC, ICV-EUiA (actualmente integrados en Terrassa en Comú) y de CiU, que por aquel entonces estaba liderado por Josep Rull, actual consejero de Territorio y Sostenibilidad del gobierno de Carles Puigdemont.  

Josep Rull siempre se mostró muy duro con los ocupas de Terrassa, especialmente cuando quemaron la sede de Convergència (CDC) como protesta por el desalojo de Can Vies de Barcelona, precisamente unas horas antes de que, en el pleno municipal, se votara la propuesta de protocolo de actuación antiocupaciones a instancias del PP. No obstante, este incidente vandálico no le hizo cambiar el sentido del voto.

El consejero Rull cede su puesto en el consistorio a su esposa

Un empresario egarense que prefiere mantenerse en el anonimato indica que el grupo municipal de CiU siempre ha actuado con «pasividad» frente a los ocupas, tanto cuando estaba liderada por Josep Rull –pese a que llegó a equipararlos de «fascistas» – como ahora, cuando una de las concejales es su esposa, Meritxell Lluís, y forman parte del gobierno municipal.  

Estas fuentes indican que en la ciudad existen tres tipos de ocupas: «los que van de nuevos revolucionarios», entre los que hay muchos hijos de familias acomodadas; los que lo hacen por necesidad, por carecer de otro alojamiento; y los incívicos, que muy a menudo provocan problemas de convivencia en la comunidad de vecinos.  

El Consejo de Seguridad abaliza los incidentes del pasado septiembre

Fuentes municipales informan que se ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Seguridad el próximo 20 de octubre para debatir dos cuestiones urgentes: los incidentes, con tiroteo incluido, que se registraron a principios de septiembre en el barrio de Sant Joan Nord, entre dos clanes familiares, uno de los cuales reside en un bloque de pisos ocupados; y el nombramiento del nuevo jefe de la policía local.  

Desde Ciudadanos y desde el PP se diferencia la ocupación «por necesidad», que el Ayuntamiento ha contribuido a regularizar en los casos que ha conseguido acuerdos con los propietarios de los inmuebles, de la ocupación incívica. Precisamente, reclaman una actuación más contundente contra esta última lacra.