La oposición cerca de nuevo a la Generalitat por la concesión de ATLL a Acciona

La guerra del agua en Catalunya ha regresado a los tribunales. El diálogo a tres bandas entre la Generalitat; la concesionaria de Aigües Ter Llobregat (ATLL), Acciona; y su rival en el concurso, Aguas de Barcelona (Agbar), ha fracasado y los implicados se rearman de argumentos legales para defender su postura. Los partidos de la oposición también han movido ficha y han puesto de nuevo el grito en el cielo por las derivadas de la privatización. PSC y Ciutadans han sido los primeros en asegurar que el cambio de escenario requiere que los máximos responsables del proceso den otra vez explicaciones al Parlament.

Es decir, el consejero de Economia, Andreu Mas-Colell, y el de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Los socialistas catalanes solicitarán formalmente otra vez su comparecencia en la reunión de grupo que se celebrará este martes. “Jurídicamente es una operación mal planteada que nos costará más dinero a los ciudadanos que lo que se ha ganado con la concesión”, asegura el diputado Jordi Terrades.

La formación encabezada por Albert Rivera ya ha registrado la petición este lunes a primera hora por la mañana. “Planteamos hacer algunas preguntas en la sesión de control de esta semana, aunque tenemos pocas esperanzas de que las contesten”, señala el diputado Jordi Cañas.

ERC, por la gestión pública

La decisión de CiU de dejar en manos de un consorcio liderado por Acciona el control de ATLL no cuenta ni siquiera con el apoyo del socio de gobierno de la federación nacionalista, ERC. “Siempre hemos defendido que la mejor manera de dirigir la compañía es mediante la gestión pública”, recuerda Marc Sanglas, miembro de la comisión de Territori i Sostenibilitat.

“Cualquier momento es bueno para recuperar su gestión”, añade el republicano. Eso sí, echa un capote al Ejecutivo catalán al asegurar que antes de romper el contrato con Acciona se debe tener muy claro “el coste que tendrá para el erario público” y “aclarar qué significa cumplir con la resolución del órgano de mediación de la contratación pública (Oarcc)”.

Petición ejecución

Agbar asegura que el mediador de las concesiones dejó sin efecto el contrato al decidir que la compañía de los Entrecanales no cumplía con el pliego de condiciones, un extremo que ratificó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Govern se escuda en que esta decisión es una medida cautelar y no “el fondo del asunto, hecho del que aún no se ha pronunciado el tribunal”, añade Sanglas.

“La petición de ejecución es muy clara”, sentencia el ex consejero de Medio Ambiente, Salvador Milà (ICV). Los ecologistas tienen claro que cuanto más tiempo se deje pasar con Acciona en la gestión de ATLL, más cara será la indemnización que se deberá pagar al rescindir el contrato. “[El Govern] en algún momento tendrá que asumir su responsabilidad, que cometió una mala actuación de la Administración Pública a sabiendas para maquillar las cuentas de 2012”, indica.

Pago de impuestos

Otro argumento a esta tesis es la negativa de Mas-Colell a confirmar a la oposición si el Govern ha aplazado sine die el pago de los impuestos de la operación. Unos 40 millones de euros que corresponden  a los tributos por transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que debía pagar la multinacional.

De nuevo, PSC y Ciutadans han realizado varias preguntas al Ejecutivo liderado por Artur Mas con la misma respuesta: el asunto es confidencial.

Recorrido judicial

La Generalitat y los actuales gestores de ATLL han declinado hacer valoraciones públicas sobre el enésimo capítulo de la guerra del agua en Catalunya. El Govern ha avanzado que recurrirá de nuevo la petición al TSJC de Agbar. Por el momento, los servicios jurídicos de la Generalitat aún no tienen preparado el escrito.