La oposición cerca a Mas por la privatización

El Ejecutivo de Artur Mas ha comenzado el año con un problema serio sobre la mesa. Al margen de la agenda soberanista que ha pactado con Esquerra Republicana, el Govern de CiU no ha gestionado de la mejor manera el proceso de privatización más importante de la Generalitat, el de la empresa Aigües Ter Llobregat, tras una adjudicación complicada a Acciona, en un concurso al que se presentó también Agbar. Y la oposición ha acabado, después de unas semanas de titubeos, cercando al gobierno de Mas.

El proceso de privatización de ATLL, de hecho, ha provocado, una clara división en el arco parlamentario, fruto del nuevo equilibrio de poderes tras las elecciones del 25N. Si bien Esquerra Republicana ha planteado algunas dudas sobre la operación de privatización, no ha presentado, por ahora, iniciativas parlamentarias que puedan perjudicar al Govern. Pero la presión del resto de fuerzas políticas podría inquietar a los republicanos.

La «irresponsabilidad» del Govern

Tanto ICV, como el PSC y Ciutadans han acabado haciendo suya la cuestión. El grupo ecosocialista ha presentado en el Parlament una propuesta de resolución en la que reclama la reprobación del Govern por su “irresponsabilidad” en la privatización de ATLL. Y Ciutadans no descarta iniciar acciones legales. El PSC también ha presentado una resolución parlamentaria en la que insta a la cámara catalana a dejar sin efecto la privatización, para que la gestión del agua vuelva a manos del sector público.

Los grupos parlamentarios abordaron este martes el proceso de privatización de ATLL, después de que, tras la adjudicación a Acciona, el Organisme Administratiu de Recursos Contractuals (OARCC) de la propia Generalitat, dictaminara que la empresa ganadora no cumplía con el pliego de condiciones del concurso, al que optaba también Agbar.

Reprobación al Ejecutivo

Los ecosocialistas son contundentes en su resolución, al criticar “una práctica absolutamente irresponsable, precipitada, con vulneración de normas básicas administrativas y en perjuicio del patrimonio y las finanzas públicas de la Generalitat”. La portavoz de ICV, Dolors Camats, justificó también la reprobación del ejecutivo catalán al entender que esta privatización supone la «pérdida de control público» de una estructura estratégica para Catalunya, como es la red de abastecimiento de agua del área metropolitana de Barcelona.

Así, ICV pide dejar sin efecto “de forma inmediata” el proceso de privatización de ATLL, que ha supuesto, sin embargo, el ingreso inmediato de 300 millones de euros para las arcas de la Generalitat, por una operación total que alcanza los 1.000 millones de euros. En el caso de Ciutadans, el diputado Jordi Cañas, señaló que su formación política estudia la posibilidad de presentarse como acusación particular.

Comparecencia de Vila en el Parlament

Los socialistas, que también han presentado una resolución parlamentaria, y han pedido la comparencia en el Parlament del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, entienden que el Govern no ha proyectado una buena imagen. El portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, aseguró que se trata de “un guirigay preocupante, porque estamos hablando de una operación no menor, de una de las más importantes que se han producido recientemente”.

El problema es que la oposición se inclina por volver a la situación anterior, con el abastecimiento del agua en manos de una empresa pública. Pero la Generalitat lo que necesita con urgencia es hacer caja, porque la situación financiera es insostenible. Es lo que defiende el Govern y CiU. El secretario general de Convergència, Oriol Pujol, considera que los ingresos por la venta de ATLL permitirán acometer menos recortes en el presupuesto de 2013. Y el dinero, los 300 millones de euros, ya están en las arcas de la Generalitat.

CCOO defiende la gestión de ATLL

Los agentes sociales también han reaccionado ante el accidentado proceso de adjudicación. El Govern ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), frente al OARCC, y está convencido de que todo el proceso de privatización se hizo de forma correcta.

Pero CCOO considera que ATLL podía haber sido viable “simplemente desarrollando un plan financiero”. Y que la empresa pública, responsable del abastecimiento de cerca de 5 millones de habitantes “ha demostrado una buena calidad en el servicio y en el mantenimiento de sus infraestructuras”. El sindicato concluye, en un comunicado, que “a pesar de la apuesta por la gestión pública de CCOO, y sin entrar en priorizar una oferta por la gestión de ATLL sobre otra, no sería una buena noticia para Catalunya que una única empresa tuviera un protagonismo absoluto sobre un sector clave como es el agua”.

El Govern, por tanto, tiene un problema, que dependerá también de la propia evolución del juego político en el Parlament, y de la presión que el resto de fuerzas ejerza sobre Esquerra Republicana.