La oposición califica de “fiasco político y económico” la operación financiera de Mas

Fracaso. El Govern de Artur Mas ganó las elecciones en 2010 con la fuerza suficiente como para gobernar, sin dejar espacio –ya era imposible, en cualquier caso– a un tercer tripartito. Muchos electores, que procedían de Esquerra Republicana y del PSC, apostaron por CiU, al entender que Mas podía ser un buen presidente, un gestor serio y eficaz.

Pero su operación financiera más importante, la privatización de Aigües Ter-Llobregat, por un valor de 995,51 millones de euros, ha sido un “fracaso total”. “Un fiasco jurídico, político y económico”.

Así lo ve la oposición, tras las interlocutorias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que se dieron a conocer este viernes, en las que se obliga a la Generalitat a romper el contrato con Acciona para la gestión de ATLL, y a realizar de nuevo su adjudicación. El diputado del PSC, Jordi Terrades, se pregunta qué hubiera ocurrido si esa posible operación la hubiera gestionado el anterior gobierno del tripartito.

Obtener ingresos, a cualquier precio

El TSJC no ha entrado todavía en el fondo del asunto, y lo que ha hecho es rechazar las medidas cautelares que ha pedido la Generalitat sobre la resolución de la OARCC, el organismo propio de la administración catalana que vela por procesos como la privatización de la empresa que ha gestionado las aguas de Catalunya.

La OARCC, precisamente, fue la que, contra todo pronóstico, invalidó la decisión del Govern de optar por Acciona, en lugar de Agbar, que también aspiraba a la privatización de ATLL. Ahora, el Govern presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y la batalla legal se mantendrá en los próximos meses.

La cuestión es que, a pesar del ejercicio reflexivo de Terrades, el tripartito no habría querido privatizar ATLL. Aunque las circunstancias en los dos últimos años han sido muy diferentes. El Govern de Artur Mas necesitaba nuevos ingresos, casi a cualquier precio. Y aceleró la operación para que se pudiera cerrar antes de 2012 y paliar, en lo posible, el exceso de déficit público, ante el límite que había marcado el Gobierno central.

Fórmulas para paliar indemnizaciones

Terrades considera que el Govern, a partir de ahora, debería “volver a la situación anterior, buscar la fórmula más idónea para que, financieramente, no sea muy grave para la Generalitat y recuperar la gestión pública de un servicio como el agua”.

Aquí el elemento determinante es Esquerra Republicana, el socio de CiU, que actúa también, cuando lo ve imprescindible, como principal partido de la oposición. El diputado de ERC, Pere Aragonés, asegura que la próxima semana habrá una reunión entre los responsables económicos de Esquerra y del Govern para “abordar” qué salidas podría tener la Generalitat. Aragonés, como el PSC, reclama que el Ejecutivo de Artur Mas recupere la gestión pública de ATLL.

Aragonés considera que el Govern debe encontrar alguna salida para no perjudicar “la tesorería” de la Generalitat, si debe, en última instancia, indemnizar a Acciona. Por ahora, el consorcio que lidera Acciona ya ha abonado 300 millones de euros. El resto de la privatización lo cobraría la Generalitat, según el contrato, a lo largo de los 50 años en los que se ha establecido la concesión.

Tranquilizar a los inversores socios de Acciona

De hecho, el President Mas, en su reciente viaje a Brasil, quiso entrevistarse en Sao Paulo con los responsables del banco BTG Pactual, que forma parte del consorcio que lidera Acciona, para tranquilizarles por sus inversiones. En el fondo está la cuestión del compromiso que pudo adquirir Mas con José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona, a través de una carta que el ejecutivo habría exhibido ante los accionistas de la empresa.

Con todo ello, el PSC y también ICV-EUiA pedirán la comparecencia en el Parlament del conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, para que explique, de nuevo, qué piensa hacer ante las interlocutorias del TSJC, que más allá de lo que afirman, sitúan el conflicto en una larga batalla legal.

ICV insiste, además, como apunta Joan Herrera, que la Generalitat no tendría por qué indemnizar a Acciona. “Se debe analizar todas las posibilidades legales”, asegura. La portavoz de ICV, Laia Ortiz, ha reclamado al Govern que recupere la gestión pública del agua, y ha insistido en que la adjudicación a Acciona ha resultado “un fiasco jurídico, político y económico”.

La idea de los ecosocialistas es que el concurso se pueda declarar “desierto” y ATLL vuelva a ser de titularidad pública.

¿Quien asume las responsabilidades?

También el PP y Ciutadans han reclamado en los últimos meses explicaciones al Govern, y reiteran que Mas debe asumir responsabilidades ante la indefinición jurídica de la operación.

Esas responsabilidades, que todos los grupos reclaman, no se podrán satisfacer en su totalidad. Y es que Mas deberá asumir en solitario una operación fallida.

Recoder, fuera de juego

La privatización de ATLL la lideró el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, en la anterior legislatura. Recoder decidió dejar la política, y abandonó el acta de diputado, una vez elegido, en las elecciones del 25N. Antes, había renunciado a responsabilizarse, de nuevo, de la misma cartera en el Govern y fichó como socio asesor de la consultora KPMG.

El otro protagonista, Leornard Carcolé, era el director general de la Agència Catalana de l’Aigua, la empresa gestora de ATLL. Carcolé, ex directivo de Agbar, no participó, por esa cuestión profesional, en la mesa de contratación para privatizar ATLL y decidió dejar el organismo público para fichar, ya tras las elecciones del 25N, y con el nuevo conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, por la constructora andorrana Grupo Heracles.

Sí continua el secretario general de Territori i Sostenibilitat, Pau Villòria, quien, precisamente, fue quien acabó firmando el documento de privatización de ATLL junto a los directivos de Acciona.