La opacidad del Gobierno con la pandemia: oculta desde su cartera de influencers hasta datos de viajeros

El 7 de septiembre de 2020, amparándose en la ley de transparencia, alguien solicitó ante la secretaría general de la Presidencia del Gobierno el nombre de todos «los influencers, instagrammers, youtubers o prescriptores digitales» a los que La Moncloa había contactado hasta entonces para concientizar o transmitir mensajes de tranquilidad durante la pandemia del coronavirus. Nadie respondió.

El asunto sería anecdótico si no fuera porque la respuesta usual del Gobierno a la solicitudes de información mediante la ley de transparencia es el silencio. Esta ha sido una máxima desde que Pedro Sánchez llegó al poder, a mediados de 2018, y ha ido a más desde que la Covid-19 irrumpió en la sociedad española. Y no es solo el Ministerio de Sanidad el que esquiva las peticiones; pasa en otros departamentos.

Como ha sido usual todos estos meses, este pasado febrero el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tramitó decenas de resoluciones, de las que 46 fueron contra el Gobierno y favorables a los reclamantes. La mayoría de estas resoluciones tienen que ver con decisiones tomadas por la Covid-19, desde los umbrales de Sanidad para definir el riesgo epidemiológico por territorios hasta la aplicación Radar Covid.

El citado episodio de los influencers sirve de ejemplo para mostrar el modus operandi del Gobierno. La falta de respuesta a la solicitud inicial de los nombres de quienes ayudaron al Ejecutivo a concienciar sobre el coronavirus (y otros asuntos) es algo común, como se acredita en varias resoluciones de Transparencia. No es sino hasta que el interesado presenta una reclamación que se obtiene una respuesta, aunque eso tampoco es garantía.

En este caso, el Gobierno tampoco respondió tras la reclamación, de forma que el CTBG lamentó que su proceder «dificulta considerablemente el cumplimiento» de su función encomendada, pues no solo no dio los datos sino que tampoco explicó por qué no los dio. Paralelamente, Sanidad sí que respondió a la petición de información sobre los influencers que usó para sus campañas de Covid, pero en este caso en concreto se trataba de una solicitud a Presidencia.

Transparencia, que en febrero dio 10 días al Gobierno para remitir al solicitante estos datos, recordó que la regla general es «facilitar la información, máxime en situaciones de emergencia sanitaria como la actual, en la que se hace aún más necesario el conocimiento de información por la ciudadanía».

Datos de viajeros

Otro ejemplo de la constante opacidad del Ejecutivo en torno a la pandemia se encuentra en la petición de información que hizo un ciudadano en octubre de 2020 sobre «el detalle de todos y cada uno de los viajeros que haya notificado información a través de Spain Travel Health«, una app usada por los viajeros que viajan a España para que notifiquen sus antecedentes relacionados con la pandemia y obtengan un código QR para entrar al país.

El solicitante, previendo que Sanidad podría tirar de la excusa de que no puede entregar la información por la protección de datos de esos viajeros, pidió que se entregasen de forma anonimizada, para que no pudiera identificar a nadie. Pero Sanidad denegó la solicitud alegando que se trata de datos «especialmente protegidos referidos a la salud de terceros», a lo que el interesado respondió poniendo una reclamación puesto que tiene derecho a la información parcial.

El interesado reclamó ante Transparencia porque dedijo de la respuesta de Sanidad que esa información sí que se entrega a otras administraciones o gobiernos. «Ese ejemplo permite mostrar cómo se puede dar acceso a la información solicitada de
forma anonimizada. Si se le pueden pasar datos a las comunidades, por ejemplo, que no tienen las competencias en este campo, los ciudadanos también tienen derecho a conocer la información recogida por esta aplicación«.

Además, el solicitante explicó que esta información es de interés público porque permitiría saber «en qué periodos ha entrado más gente a España procedente de lugares de riesgo o que ha tenido contactos con enfermos«. Pero Sanidad insistió en que, incluso si se anonimizan los datos, se permitiría una «identificación indirecta» de grupos de pasajeros, y sostuvo que si se eliminaban datos para respetar la intimidad de esas personas la información carecería de «sentido».

Sanidad y el solicitante cruzaron más argumentos y eventualmente Transparencia dio la razón al Ministerio con respecto a la protección de datos pero le recordó su obligación de dar información parcial cuando no puede darla completa. Y le regañó por decir que si se presenta la información anonimizada esta pierde «sentido», pues entiende que los otros datos que se reclaman también son de «indudable» interés público. El Consejo estimó parcialmente la reclamación.

«Hemos derrotado al virus»

Ejemplos como los anteriores sobran, en los que por petulancia o incomparecencia el Gobierno suma resoluciones negativas del CTBG. Siguiendo con las resoluciones tramitadas en febrero (que no fueron publicadas sino hasta esta semana), un ciudadano pidió a Presidencia en septiembre los datos que usó el Gobierno para decir en julio que «hemos vencido al virus«, entre otras declaraciones celebratorias que llegaron antes de tiempo.

La Moncloa primero no respondió y cuando se presentó una reclamación dijo que había derivado la solicitud a los departamentos correspondientes. Pero Transparencia igualmente estimó la reclamación por motivos formales, pues el Gobierno hizo lo que casi siempre hace: no responder en el primer mes y hacerlo solo hasta que se presenta una denuncia, toda vez que el silencio administrativo es motivo de desestimación de las solicitudes si no hay una reclamación.

Otros requerimientos de información antes los que el Gobierno no respondió inicialmente fueron, por ejemplo, sobre datos específicos de Covid-19 para todos los municipios del país, los diferentes grupos de expertos que supuestamente han asesorado al Gobierno, todas las alertas que el Departamento Nacional de Seguridad envió a Sánchez sobre la pandemia, y los umbrales de Sanidad para definir el riesgo epidemiológico de cada territorio.

También hay varias resoluciones parcialmente negativas para el Gobierno relativas a la app de rastro de casos Radar Covid, pues varios ciudadanos intentaron que el Ministerio de Asuntos Económicos desvelase el contrato de la empresa que creó la aplicación y otros detalles que según la compañía y el departamento son confidenciales. En este caso, como en otros, el CTBG recordó que si la información no puede ofrecerse completa debe entregarse de forma parcial, pero debe entregarse.