El número 2 de Puigdemont alienta a los catalanes a jugarse el empleo
Toni Comín cree que ha llegado la hora de que los catalanes asuman "costes" para desgastar al Estado. ¿Perder el empleo? "Sí, por ejemplo"
El vicepresidente del «consejo para la república» y mano derecha de Carles Puigdemont, Toni Comín, ha completado los relatos separatistas de «confrontación con el Estado» y «boicot al IBEX» con una llamada a los catalanes a asumir sacrificios personales. El nuevo cóctel de desobediencia pasa ahora por pedir a los catalanes independentistas que reaccionen a la sentencia del procés incluso desde el ámbito laboral, incluso perdiendo sus trabajos en señal de protesta.
El exconsejero de Salud –huido a Bruselas junto con el expresidente catalán que organizó el referéndum ilegal del 1-O– enmarca esta estrategia dentro de una suerte de bloqueo económico con el que ejercer presión al Estado español. Más que el choque institucional, nuevas elecciones o movilizaciones, el soberanismo debe buscar «un desgaste material y económico» del Estado, aseguró Comín este miércoles en una entrevista de El Periódico.
La mano derecha de Carles Puigdemont pone sobre la mesa con toda claridad la posibilidad de que los catalanes pierdan sus trabajos y sacrifiquen su calidad de vida para que el procés avance. Toni Comín lo vendió como «un tipo de movilización nuevo, sostenido, intenso, que vaya al desgaste material del Estado», pero que a su vez «tiene costes para la gente de Cataluña». ¿Qué costes? «Económicos», dijo. ¿Laborales? «Por ejemplo» ¿Perder el empleo? «Por ejemplo».
Según Comín, así se podría efectuar un «desgaste» del Estado y en ese sentido aplaudió la campaña de «consumo estratégico» de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) como un posible cimiento de un nuevo tipo de desobediencia, puesto que enmascara un boicot al IBEX. La ANC lleva meses proponiendo a los catalanes independentistas que contraten servicios de empresas comprometidas con la causa y que dén la espalda a empresas del IBEX como Caixabank y Endesa, por alinearse con el poder español.
Comín se basa en que «Cataluña sigue siendo una de las locomotoras económicas de España» y «si la locomotora se para, la economía española tiene problemas». Y añadió: «Se ha de usar esta arma, importante y poderosa, al servicio de nuestro proyecto político», en vista de que a su juicio el Estado «no atiende a razones». Pero también advierte el exconseller fugado de que su propuesta tendrá costes económicos para los catalanes.
El desgaste «tiene costes para la gente de Cataluña»
El eurodiputado electo, cuyas funciones están suspendidas por haber huido de la Justicia española, no ha arrugado la cara al riesgo de que los catalanes pierdan sus trabajos para protestar por la sentencia del Tribunal Supremo y demandar un referéndum de autodeterminación en Cataluña. «Lo que estoy diciendo, ¿es deseable? No. ¿Es justo? Para nada. Pero el precio de la independencia no lo ponemos los catalanes, lo pone el Estado», afirmó sin pudor.
En la galaxia de Comín los ciudadanos independentistas tienen una dura tarea: decidir «si reconocemos la realidad por dura que sea, por injusta que sea». «Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad» es la pregunta que ha propuesto que los catalanes se hagan en el escenario político actual, cuando se prevé una sentencia condenatoria del Supremo por el 1-O y los partidos independentistas se han alejado de la anhelada unidad.
Comín intentó imponer el relato de la desobediencia y la presunta opresión que sufren los independentistas e incluso marcar su conducta. «La gente tiene derecho a no cooperar con aquel que considera que te está negando la libertad», dijo. Y añadió: «Hay una manera de no cooperar que es no contratar a sus empresas, parar el tejido productivo cada cual desde su acción individual, responsable».
El exconsejero rápidamente entró en el terreno de la especulación, admitiendo que no sabe si hay un millón de personas dispuestas a jugarse el trabajo por la causa separatista pero afirmando que cree que ese es el debate que debería tener el movimiento ahora mismo. Y también evitó responder si él personalmente tomaría una decisión como la que está promoviendo, cambiando de tema para hablar de «la gente» y no de él mismo.
«Un paro largo puede ser que tenga riesgos grandes en términos materiales para la gente. La gente tiene derecho a no cooperar. Es un principio básico de la desobediencia civil y la lucha no violenta. No tengo por qué cooperar con mi enemigo o mi adversario», explicó. Y unas preguntas después reconoció que la estrategia puede tener flecos y que una de sus consecuencias podría ser reducir la base social del independentismo.
¿Por qué siente Comín que tiene la potestad para pedirle a los catalanes que se rebelen incluso en sus trabajos una vez que se publique la sentencia del 1-O? Porque «he pagado un precio personal muy alto» y «me siento con la legitimidad de explicarle a la gente que no habrá independencia sin sacrificios».
Govern Torra: «Si perjudicamos a la economía española nos perjudicaremos»
En respuesta a las declaraciones de Comín, la consejera de Empresa y Conocimiento, Ángels Chacón, ha sacado a relucir sus diferencias con la propuesta del número dos de Puigdemont y ha advertido de que «si perjudicamos a la economía española nos perjudicaremos». Chacón ha recordado que siempre se ha pronunciado en contra de los boicots.
«Es obvio que dentro del Estado Cataluña es uno de los pulmones económicos, es obvio. Lo que no podemos pensar es perjudicarnos a nosotros mismos», ha dicho la consellera en una entrevista de TV3. La miembro del Govern de Quim Torra, el sucesor de Puigdemont, ha añadido que «hacer empresa es hacer país».