La ley del ‘sólo sí es sí’ ahonda la brecha entre Sánchez y el Poder Judicial
Tanto el Consejo General del Poder Judicial como las asociaciones de jueces han salido en defensa de los tribunales que están llevando a cabo la rebaja de penas y que han sido tildados de machistas por Irene Montero
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ofreció al término de la cumbre del G20 celebrada en la isla indonesia de Bali. Foto: Borja Puig de la Bellacasa (Moncloa)
Las resoluciones judiciales dictadas tras la entrada en vigor de la conocida como ley del ‘Sólo sí es sí’, técnicamente denominada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, han supuesto un terremoto ya no sólo en la política, sino en el resto de instituciones del Estado. La respuesta del Ministerio de Igualdad a través de su titular, Irene Montero, ha sido acusar a la justicia de «machista».
Pero no lo ha hecho sola: en público, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la ley parida por Igualdad, símbolo de la cartera y una de las estrellas de la legislatura. «Vamos a ver qué dicen los tribunales», adujo Sánchez, pidiendo más margen para que puedan «unificar criterio y doctrina». De ahí, veremos: «tendremos que ver qué pasos dar».
Sin embargo, esto, el respaldo a las tesis de Igualdad y de Podemos -que no las del PSOE- ha supuesto un ataque directo para el Poder Judicial. Primero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido quien ha plantado cara. Los jueces están aplicando de forma «estricta» una ley de cuya repercusión en la rebaja de penas ya había avisado el propio CGPJ en su preceptivo informe anterior a su aprobación. Además, ha mostrado su «más firme repulsa» a los «intolerables ataques» contra los jueces.
Pero no se ha quedado ahí. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, se ha adherido a este comunicado y ha subrayado la «sólida formación» de los miembros de la judicatura en igualdad, e incluso la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, de corte progresista y de la que fue portavoz Victoria Rosell, también ha subrayado que las revisiones de sentencias hay que hacerlas, dado que lo estipula la ley, y ha tachado de «desafortunadas» e «inapropiadas» las críticas desde el Ministerio.
Brecha política
El cisma continúa, porque no se ha circunscrito a ese ámbito. Fuentes del grupo parlamentario del PSOE insisten en que advirtieron a Podemos de este riesgo, aunque con las cámaras encendidas el ala socialista del Gobierno está dando un paso atrás tras los mensajes del martes de la ministra María Jesús Montero, que optó por «estudiar» qué falla y cambiar lo necesario.
En el PSOE también ha supuesto un pequeño terremoto en un ámbito, el feminismo, donde las heridas no están cerradas. De hecho, ha habido una defensa cerrada por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para proteger a los jueces ante los ataques, y la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, urgiendo a reformar la ley.
Tribunales de Madrid, Galicia o Cataluña
Tribunales de Madrid, Galicia, Murcia, Baleares, Andalucía y Cataluña han dictado ya resoluciones judiciales que benefician a agresores sexuales por la modificación del Código Penal en virtud de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que entró en vigor el 7 de octubre e incluso se han producido las primeras excarcelaciones.
Un goteo que previsiblemente afectará a centenares de condenas y del que las principales responsables de Igualdad, la ministra Irene Montero, su número dos, Ángela Rodríguez, y la delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han responsabilizado sin ambages a los jueces.
