La Justicia sienta de nuevo a Quim Torra en el banquillo por negarse a retirar los lazos amarillos
La Fiscalía le pide ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, la misma condena que solicitó para el expresidente catalán cuando en noviembre de 2019 fue juzgado
El expresidente de la Generalitat, Quim Torra. EFE/Andreu Dalmau
El expresidente catalán, Qim Torra, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados este mismo jueves por desobedecer la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le obligaba a retirar una pancarta y un gran lazo amarillo de la fachada de la Generalitat de Cataluña, con el texto ‘Libertad presos políticos y exiliados’. El lazo era la enseña política del soberanismo.
La ley dice que en los edificios oficiales no pueden exhibirse insignias o proclamas partidistas, por lo que en noviembre del año 2019 el TSJC juzgó por primera vez a Torra por estas acciones, convirtiéndolo en el primer presidente en activo que es inhabilitado mientras se halla en el ejercicio de sus funciones. Luego fue juzgado por el Tribunal Supremo y, finalmente, en septiembre de 2020 tuvo que dejar su cargo.
Ahora, Torra deberá responder ante el Juzgado de lo Penal número 6 de Barcelona, su decisión de no acatar el ultimátum que el TSJC, que le instaba a retirar dichos símbolos independentistas. Con motivo de su negativa a retirarlos, la asociación Impulso Ciudadano le llevó a los tribunales, acusándolo de desobediencia. Cabe recordar que fueron los Mossos d’Esquadra quienes descolgaron el 27 de septiembre de 2019 el material de la fachada, a instancia del denunciante, una entidad presidida por el exdiputado de Ciudadanos José Domingo.
De hecho, este segundo juicio por desobediencia deriva de las medidas cautelares que solicitó Impulso Ciudadano. La Fiscalía ha mantenido que Torra no atendió este requerimiento judicial en el plazo indicado de 48 horas, de manera que el alto tribunal catalán emitió el 23 de septiembre una nueva resolución con una «orden clara y ejecutiva», que el expresidente tampoco cumplió.
De esta manera, la Fiscalía ha pedido para Torra ocho meses de inhabilitación así como una multa de 30.000 euros, la misma condena que solicitó para él cuando en noviembre de 2019 fue juzgado también por desobediencia por no cumplir, dentro del plazo establecido, con la orden de la Junta Electoral Central (JEC) para que retirara lazos y pancartas a favor de los políticos presos de los edificios públicos en la campaña del 28 de abril de 2019.
Borràs también va por el mismo camino
La máxima personalidad del Parlament, Laura Borràs, parece que también va por el mismo camino que el expresidente catalán, que vislumbra el posible fin de su carrera política tras ser procesada este pasado lunes por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presunto fraude, lo que la deja a las puertas de ir a juicio.
El magistrado del TSJC Josep Seguí considera que hay suficientes indicios para enviar a Borràs a juicio por los delitos de prevaricación, fraude administrativo, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil, por la supuesta adjudicación irregular de 18 contratos fraccionados, entre marzo de 2013 y febrero de 2017.
La que fue candidata de Junts a las elecciones del 14-F «abusó de las funciones que tenía reconocidas» como directora del Institut de les Lletres Catalanes (ILC) mediante «resoluciones injustas», al aprobar adjudicaciones de 18 contratos menores que eludían así la concurrencia pública «únicamente» con el propósito de favorecer a su amigo contra «los intereses generales».
