La Justicia se planta ante Campo: protesta ante el Ministerio para reclamar un refuerzo en la plantilla
El sindicato mayoritario de Justicia pide a Campo reanudar las reuniones sectoriales porque tienen 17 meses de trabajo acumulado y la tramitación de los ERTE empeorará esa carga laboral.
La Justicia no puede más. El sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se concentró este miércoles a las puertas del Ministerio que lidera Juan Carlos Campo para reclamar al ministro reanudar las reuniones sectoriales en las que denuncian un refuerzo en la plantilla y la falta de medios en general ante la «saturación en los juzgados».
Bajo el lema «Por una Justicia con medios, nos sobran los motivos«, este sindicato inicia una campaña de movilizaciones hasta que el ministro Campo les escuche y elabore un calendario concreto de reuniones.
El presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán, señala que entre sus demandas se encuentra «acabar con la discriminación salarial entre el Ministerio y el resto de comunidades y conseguir la adecuación salarial de todos los cuerpos de funcionarios; el desarrollo de la carrera profesional, que se introdujo en 2018 en la Ley Orgánica del Poder Judicial y se estableció que había que aprobar un Real Decreto básico, cuya negociación está pendiente aún».
Asimismo, reclama que «se mejore la regulación de la provisión de puestos de trabajo, que son la orden de interinos y la normativa de sustituciones y comisiones de servicios; se implante la oficinal Judicial y fiscal, permitiendo la promoción profesional de los funcionarios. Además de la revisión de las guardias y de la productividad».
Trabajo pendiente de siete meses
En un comunicado, el sindicato mayoritario de Justicia explica que «pese a que el número de asuntos ingresados y la litigiosidad han disminuido un 12,3 y un 12,8%, respectivamente, en el último año (según datos del CGPJ correspondientes a 2020), como consecuencia del confinamiento, los casos acumulados no dejan de crecer«.
Asimismo, destacan que «los juzgados tendrían que trabajar 7 meses solo para quitarse todo el trabajo pendiente«. Explican que la tasa de asuntos pendientes por jurisdicciones «afecta de manera singular a lo Civil (0,85, lo que supone que tendrían que trabajar un año sin que entraran asuntos nuevos para ponerse al día), a lo Contencioso Administrativo (1,13 de tasa, es decir, un año y dos meses); y lo Social (1,12, lo que supone un año y un mes)».
Además, los ERTE aumentan la carga de trabajo. «Se prevé que el número de asuntos se incremente este año un 140%, teniendo en cuenta circunstancias como el fin de los ERTES y el previsible aumento de la litigiosidad en el ámbito, por ejemplo, de lo Social», advierten.
«La situación es insostenible», critican desde el sindicato. España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea y «las bolsas de personal interino ya están agotadas ante el retraso en las ofertas de empleo público, por lo que el Ministerio se está viendo obligado a recurrir a las listas del paro para contratar refuerzos«.
Piden a Campo que se reanude el diálogo social
CSIF pide al ministro de Justicia que «reactive el diálogo social» con los sindicatos. «No vamos a tolerar que la reforma de la Justicia se haga a costa de los derechos del personal y que suponga una merma de sus condiciones de trabajo», afirma CSIF, en relación al Plan 2030.
Insiste en que «esta reforma debe pasar por el reconocimiento laboral y retributivo de las personas al servicio de esta Administración», cualquiera que sea el ámbito territorial en el que estén destinados, lo que incluye «solucionar la discriminación salarial del personal bajo la dependencia orgánica del Ministerio respecto a aquellas personas que dependen de las comunidades autónomas».
CSIF reitera que la Justicia «necesita medios para cumplir con su función en beneficio de la sociedad», y que «la solución para resolver los problemas de este servicio público está en invertir en el capital humano y en los medios materiales, como corresponde a un servicio esencial».
De momento desde Justicia descartan pronunciarse ante la llamada de Economía Digital y aseguran que la manifestación convocada estaba aprobada y «están en todo su derecho».
