La justicia europea acorrala la limitación de las VTC de Colau
Un abogado general del TJUE ha señalado que las limitaciones impuestas por Colau a los VTC violan la libertad de establecimiento del "interés general"
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante una rueda de prensa. EFE/Quique Garcia
La justicia europea ha acorralado la limitación de las licencias VTC que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, impuso en la capital catalana en 2008 para garantizar «la viabilidad económica de los servicios de taxi». El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, ha señalado que las limitaciones impuestas por Colau violan la libertad de establecimiento porque no responden a una «razón imperiosa de interés general».
«La viabilidad económica de los servicios del taxi no puede por sí misma constituir una razón imperiosa de interés general», asegura el abogado, que cuestiona que el servicio del taxi sea un servicio de interés económico general y que sus conductores cumplan «una obligación de servicio público», señala el Tribunal en un comunicado.
El letrado europeo ha presentado este jueves su opinión sobre una cuestión prejudicial que le había trasladado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre esta norma en la ciudad condal, que prevé una doble autorización para prestar servicios VTC y que el número de estas licencias no superen una por cada 30 del taxi.
Ampliar la oferta con las VTC
Según el letrado, aunque el transporte privado local «puede a veces subsanar una falta de servicio no cubierta por el transporte público local», ampliar la oferta mediante VTC «contribuiría a contar con un sistema que funcionara correctamente».
El abogado sí acepta algunos motivos alegados por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en cuanto la gestión del transporte local, del tráfico, del uso del espacio público y en la protección del medio ambiente. No obstante, no ve «problema alguno en justificar la exigencia de una autorización adicional, puesto que esta puede satisfacer las especificidades de la región en cuestión, en particular en cuanto al tráfico y a la contaminación».
Por contra, no ve ninguna razón a favor de la ratio que autoriza una VTC por cada treinta licencias de taxi y cuestiona «por qué los servicios del taxi y los servicios de los VTC están sujetos a diferentes regímenes jurídicos si satisfacen la misma demanda» y si, como afirma el tribunal nacional, compiten entre sí.
El dictamen del abogado europeo no vinculante ni definitiva y la decisión final está en las mano del TJUE, que dará a conocer la sentencia en los próximos meses para establecer una jurisprudencia clara sobre las licencias VTC en Barcelona.
