La Justicia desbloquea el rescate del Gobierno a Plus Ultra
El juez en funciones no detecta ningún indicio de cohecho ni tráfico de influencias en las ayudas de 53 millones concedidas por el Gobierno a través de la SEPI
La Justicia ha puesto fin al culebrón del rescate público de Plus Ultra. El juzgado de Instrucción de Madrid ha acordado levantar el bloqueo de las ayudas concedidas a la aerolínea, tras no apreciar ningún tipo de delito en la inyección económica aprobada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia.
El juez en funciones Jaime Serret ha respondido así a las alegaciones presentadas por la compañía, que no había podido recibir los primeros 34 millones de euros en el plazo acordado porque los tribunales habían suspendido cautelarmente la operación para analizar un presunto fraude.
Sin embargo, el magistrado considera ahora que no hay ninguna prueba que apunte a un trato de favor por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con este plan de ayudas diseñado para salvar a las empresas estratégicas más golpeadas durante la pandemia. «No hay el más mínimo indicio«, reza el auto, al que ha tenido acceso la Agencia Efe.
El juez ha cerrado la puerta al delito de cohecho porque considera que no hay ninguna prueba que demuestre una contraprestación por la entrega de las ayudas, así como el de tráfico de influencias ya que no se aprecia una relación de amistad, parentesco o jerarquía entre la dirección de la aerolínea y la administración.
El juez desbloquea las ayudas para evitar la bancarrota de Plus Ultra
Serret ha acordado levantar las medidas cautelares para garantizar que Plus Ultra pueda disponer de la liquidez económica para afrontar la crisis provocada por la pandemia. De lo contrario supondría su «quiebra definitiva» y pondría en riesgo el dinero abonado tanto por los pasajeros como por el resto de acreedores.
El auto hace referencia a los informes presentados por un asesor financiero externo y otro legal que sirvieron como requisito para acceder a las ayudas de la SEPI. Eso sí, la empresa se ha negado hasta ahora a permitir que la Justicia indague directamente sobre sus cuentas para comprobar si tiene posibilidades de recuperación con este estímulo.
El instructor del caso considera que tampoco hay pruebas de que la aerolínea no vaya a devolver finalmente el dinero. La ayuda total de 53 millones se ha concedido en forma de créditos participativos, de manera que Plus Ultra pueda retornar el aporte una vez que haya superado su actual situación financiera.
El juez echa por tierra la denuncia presentada por PP y Vox
La Justicia ha echado por tierra de esta manera las denuncias presentadas como acusación particular tanto por el Partido Popular como por Vox, que decidieron llevar ante los juzgados el rescate público orquestado por el anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
El juez instructor ha apuntado que en ambos casos se han limitado a «transcribir artículos del Código Penal y su jurisprudencia, sin engarzarlo con los hechos denunciados».
Las dos formaciones de la oposición ya se habían quedado solas en el proceso judicial después de que la Fiscalía de Madrid se hubiese alineado con el Gobierno al no detectar ningún indicio de delito. Antes ya se posicionó también en contra del bloqueo la Abogacía del Estado.
El Tribunal de Cuentas también archivó su propia investigación sobre las ayudas al no detectar ninguna responsabilidad contable en la movilización del dinero público por parte de la SEPI.