La justicia deja a Mas sin salida y bloquea el soberanismo

La justicia ha dejado a Artur Mas sin salida, en una situación de punto y final, aunque pueda recoger el fervor de los suyos durante algún tiempo. Pero no ha querido forzar la situación. No apreta las tuercas. La sentencia del TJSC le ha condenado a dos años de inhabilitación por desobediencia, desestinando el delito de prevaricación. Suficiente para parar los pies al soberanismo.

La condena queda lejos de los 10 años que pedía la Fiscalía, pero la pena puede tener dos consecuencias directas: deja a Mas sin la posibilidad de ser candidato a las elecciones de la Generalitat, y bloquea cualquier iniciativa del soberanismo, porque indica el camino que el Gobierno tiene previsto seguir, con recursos constantes, sin necesidad de tomar medidas más drásticas, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución que supondría la asunción de competencias autonómicas y que es lo que está deseando el Gobierno de Carles Puigdemont.

La condena queda lejos de los 10 años que pedía la Fiscalía, pero deja a Mas sin la posibilidad de ser candidato a las elecciones de la Generalitat

Los juristas consultados y los que se expresaron públicamente en distintos medios de comunicación tras conocer la sentencia discuten sobre una cuestión aparentemente contradictoria y es que se ha condenado a Mas por desobediencia, pero no por prevaricación. La desobediencia, ante la resolución del Tribunal Constitucional que dejaba en suspenso la consulta del 9N, supone “ignorar la orden y actuar en abierta contravención de lo resuelto por la autoridad judicial”, pero no se dicta prevaricación porque “no podemos afirmar una arbitrariedad que desborde la inherente al hecho desobediente”.

Es decir, que se desobedeció, pero no había intención manifiesta de desobedecer. La interpretación es que el TSJC quería emitir la sentencia por unanimidad, y lo consiguió. Y que, sin el delito de prevaricación, la pena podía ser mucho menor a los diez años que pedía la Fiscalía. Por tanto, objetivo resuelto.

Mas, lo tuviera decidido o no –aunque estaba preparando claramente el terreno– no podrá ser el candidato de su partido, porque así lo recoge la Ley Electoral, que señala que no podrán ser elegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos “contra la Administración Pública”, y se entiende que el delito de desobediencia entra en esa calificación.

 La Ley Electoral señala que no podrán ser elegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos “contra la Administración Pública”

El Govern de Junts pel Sí, con Carles Puigdemont al frente, mostró una supuesta cohesión. Junto a Puigdemont apareció Oriol Junqueras y el consejero de Relaciones Institucionales, Raül Romeva. Puigdemont consideró que será el pueblo de Cataluña el que indultará con el referéndum la condena de la “justicia española”. En la misma línea se había pronunciado el expresidente Mas, justo después de hacerse pública la sentencia, animando a Puigdemont a seguir adelante y a convocar el referéndum. Y Junqueras, muy prudente en las últimas semanas, acabó también apostando por el referéndum como la mejor respuesta frente a la condena por el 9N.

Eso es la expresión política de los dirigentes del soberanismo, pero, ¿podrán realmente realizar ese referéndum? El Gobierno ha debatido internamente el asunto. Y prima la voluntad de Mariano Rajoy de no ir más lejos de lo necesario. Al primer gesto del Govern, que prepara la ley de transitoriedad nacional –sin debate parlamentario, forzando una reforma del reglamento del Parlament que ha provocado el combate de toda la oposición– para dar una pátina de legalidad interna al referéndum, el Ejecutivo español reaccionará con un recurso tras otro.

Sólo le quedará al movimiento independentista la posibilidad de convocar elecciones al Parlament, y buscar una mayoría independentista para forzar una negociación

Sólo le quedará al movimiento independentista la posibilidad de convocar elecciones al Parlament, y buscar una mayoría independentista para forzar una negociación. La sentencia del TSJC llegaba este lunes y coincidía con el anuncio de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, de intentar convocar un nuevo referéndum de autodeterminación para la primavera de 2018. Su idea es pactarlo, de nuevo, con el gobierno del Reino Unido. A eso se agarra el independentismo catalán, con Mas y Puigdemont a la cabeza, para presentar a España como “una democracia amputada”, y esgrimir que el movimiento en Cataluña sólo responde a la voluntad democrática del “pueblo catalán”.

Pero la presión judicial, con la sentencia del TSJC, también desgasta a los dirigentes soberanistas. Supone una vía, la jurídica, que deja sin salida al movimiento, y que coincide con los procesos judiciales contra Convergència, ahora Pdecat, por asuntos vinculados a la corrupción, como el caso Palau de la Música, o el caso del 3% que emana del Ayuntamiento de Torredembarra. Todo ello deja sin salida al propio Mas, y evidencia que el soberanismo sólo puede apelar a las manifestaciones de sus partidarios en la calle, agitando una especie de revuelta popular.

Eso es lo que ha valorado también el Gobierno. Fuentes del PP admiten que se puede fraguar un conflicto político cada vez mayor, pero que no se podrá atender sin un interlocutor claro en el gobierno catalán. Mientras, el ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a sacar el paragüas, y aguantar la presión, con la ley en la mano.

El gobierno catalán, por ahora, ha mostrado su deseo de seguir adelante, de convocar el referéndum y apelar a la justicia europea, con la esperanza de que sea Bruselas quien obligue a Rajoy a negociar. Pero también comienza a ser consciente –porque los intereses en el seno de Junts pel Sí son divergentes, y Esquerra Republicana no quiere seguir al lado de un partido, el Pdecat, que se desmorona con los casos de corrupción de la ex CDC, ante la impotencia de su nueva dirección que quiere pasar página cuanto antes— que no quedará otra que convocar elecciones al Parlament, aunque se vistan de elecciones constituyentes.