La Justicia confirma otra pena de cárcel contra Pablo Hasél por amenazar a un testigo

Pablo Hasél tendrá que enfrentarse a otra pena de prisión adicional. La Audiencia de Lleida ha confirmado este jueves la condena de dos años y medio de cárcel para el rapero por haber amenazado a través de las redes sociales a un testigo que declaró en un juicio, en el que se investigaba una agresión por parte un guardia urbano.

El tribunal condenó al cantante por los delitos de obstrucción a la justicia y amenazas, pero la sentencia no se notificó hasta dos días después de que Hasél ingresara en prisión para cumplir con su pena de nueve meses por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, que ha desatado una oleada de protestas en Madrid y Barcelona.

El juzgado de Lleida tendrá que decidir ahora si obliga al rapero a cumplir de forma íntegra su pena en la cárcel, lo que podría elevar su estancia en prisión hasta más de tres años. La sentencia todavía se puede recurrir al Tribunal Supremo.

Los magistrados le han declarado culpable de haber amenazado a través de un mensaje de Twitter a un testigo que declaró a favor de un guardia urbano, al que se juzgaba por una agresión a un menor. El agente finalmente fue declarado absuelto.

«La Guardia Urbana de Lleida compró a este testigo falso para declarar contra un compañero al que dieron una brutal paliza. Han sido absueltos», expresaba el mensaje en las redes sociales, que iba acompañado de una fotografía de la persona que había declarado en los juzgados.

Dos días después, el rapero se presentó en una terraza de un bar en la que estaba sentada la víctima para volver a increparle por su declaración. «¿Tú eres amigo de los urbanos? ¡Has visto lo que has hecho!”, le advirtió, mientras intentaba propinarle una patada que no le llegó a alcanzar.

En ese momento, varias personas intervinieron en la situación para separar al rapero que continuó con sus amenazas. «Te mataré, hijo de puta, ya te cogeré», expresó Hasél, según ha recogido la sentencia de la Audiencia de Lleida.

La nueva condena eleva la tensión social acumulada

La confirmación de la nueva condena anticipa un incremento de la tensión social que se ha reflejado en las calles de ciudades como Barcelona o Madrid. Desde que el rapero entró en prisión, grupos de manifestantes han tomado por la noche ambas ciudades para exigir su puesta en libertad.

Las manifestaciones han derivado en fuertes disturbios con la policía, quema de contenedores y lanzamientos de piedras, que se han saldado con decenas de detenidos y varios heridos, entre ellos una joven que recibió el impacto de una bala de foam que le ha provocado la pérdida de un ojo en Barcelona.

Los Mossos d’Esquadra han pedido un mayor apoyo de las instituciones para poder hacer frente a acontecimientos como el ataque de la comisaría de Vic, mientras que hay varios sectores políticos que reclaman un mayor control de las actuaciones policiales durante las manifestaciones.

Unidas Podemos acapara todos los focos en el debate mediático de Hasél

La tensión de las calles también se ha trasladado hasta la clase política con un intenso debate sobre los límites de la libertad de opinión y la violencia. Unidas Podemos ha evitado condenar por el momento los acontecimientos violentos, lo que ha desencadenado un cruce de acusaciones por parte de varios partidos de la oposición que reprochan la actitud del portavoz parlamentario, Pablo Echenique, que alentó a los jóvenes a sumarse a las protestas a través de Twitter.

Más allá de las críticas de la oposición, el equipo de Pablo Iglesias también ha abierto un nuevo frente con sus socios de gobierno, con motivo del encarcelamiento de Hasél. La formación morada ha anunciado que presentará los trámites para pedir un indulto del rapero, sin haber pactado antes la medida con los socialistas.

También ha trasladado ya su propia reforma jurídica al Congreso de los Diputados con el objetivo derogar algunos de los delitos relacionados con la libertad de expresión, como el de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona o contra los sentimientos religiosos. Todo sin contar con el beneplácito del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que pertenece a la bancada socialista.