Torra, destituido por la Junta Electoral tras ser condenado
El presidente catalán será apartado como diputado autonómico, en plenas negociaciones para la investidura de Sánchez
La Junta Electoral Central ha asestado este viernes un golpe trascendental al presidente de la Generalitat. El organismo ha acordado este viernes destituir de su cargo a Quim Torra como diputado autonómico después de haber sido condenado, sin ser firme la sentencia, a año y medio de inhabilitación por desobediencia. Torra ha convocado de urgencia al Govern y pronunciará una declaración institucional tras la reunión.
La JEC estima así el recurso presentado por PP, y parcialmente los interpuestos por Ciudadanos y Vox, que pedían la inhabilitación inmediata del presidente catalán tras la condena del pasado 19 de diciembre.
La inhabilitación de Torra llega en un momento político complicado, justo el día después de ERC y el PSOE hayan pactado los términos del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Una de las claves de este pacto estribaba en la no judicialización de los movimientos de los independentistas.
Torra había señalado que no acataría su inhabilitación, y que lo sometería a una consulta en el Parlamento catalán. El presidente de la Generalitat ha sido penalizado por no retirar lazos amarillos de los edificios públicos.
JxCAT y ERC, tensión máxima en el Govern
La inhabilitación de Torra echa más leña al fuego a las tensiones internas en el Govern, que se han puesto más de manifiesto todavía con el pacto entre ERC y el PSOE. Tanto Torra como Puigdemont han tardado muy poco en reaccionar al acuerdo de la formación de Oriol Junqueras para investir a Pedro Sánchez.
Si bien el acuerdo contempla una Mesa de Diálogo, que conducirá a un acuerdo que se votará en una «consulta», los dos dirigentes independentistas han pedido su propio espacio individual de diálogo.
Ahora, tras la destitución de Torra, se abre una situación muy complicada en la Generalitat y en el acuerdo con Sánchez, ya que la negación a atacar la sentencia puede suponer graves tirancetes entre el gobierno del Estado y la Generalitat.
En teoría, sería el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el que debería sustituirle, hasta que se invistiera a otro presidente. Con su inhabilitación, en principio, tampoco podría convocar elecciones.