La jueza ordena la detención de la diputada de la CUP Laia Estrada
La diputada no se presentó a ninguna de las dos citaciones judiciales anteriores emitidas por la Justicia por presuntos desórdenes públicos, lo que ha derivado en la orden de detención
La diputada de la CUP en el Parlament de Catalunya, Laia Estrada, durante una rueda de prensa. Efe / Enric Fontcuberta
El juzgado de instrucción número 6 de Tarragona ha emitido este jueves una orden de detención contra la diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada, acusada de presuntos desórdenes públicos causados en el contexto de una manifestación que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2018 y que protestaba contra la celebración del Consejo de Ministros del anterior Gobierno en Barcelona.
La jueza había citado a declarar a la diputada en dos ocasiones previas: la primera, el 30 de diciembre de 2020 i el 21 de enero de 2021. En ambas ocasiones, la diputada se negó a comparecer. Ante dicha negativa, la jueza ha ordenado su detención.
Por su parte, la diputada independentista ha ofrecido una rueda de prensa a las puertas del Parlament en la que, compartida a través de la cuenta oficial del partido de Twitter, ha defendido que los miembros del partido, militantes pero, sobre todo los cargos electos, han decidido no comparecer ante «casos que derivan de atestados policiales totalmente fantasiosos elaborados por Mossos que distorsionan la realidad«.
Estrada aclara que ella sí participó en la manifestación del 21 de diciembre de 2018, día en el que hubieron varias protestas en varias ciudades catalanas. No obstante, matiza que ella participó en la manifestación de Tarragona, una concentración en la que, asegura, «nos dedicamos a andar mucho y no hubo ningún tipo de desorden ni violencia».
Denuncia que, tanto a ella como a otros investigados se les imputa desórdenes públicos, «lo que necesariamente implica actos de violencia», sentencia.
«En el contexto de protestas completamente pacíficas (los Mossos) se inventan unos desórdenes que no han existido«, asevera la diputada, quien ha anunciado también que el caso ya ha pasado a manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Finalmente, la integrante del Parlament ha señalado a la Generalitat, a la que ha acusado de presentarse como acusación particular contra miembros pertenecientes al movimiento independentista. «Somos 3.000 las personas represaliadas por participar en protestas del movimiento independentista, muchas de ellas acusadas por la Generalitat como acusación particular», denuncia.
En este sentido, ha lamentado que, del Estado «se lo podían esperar, pero no de la Generalitat» y que, cuando se habla del cuerpo de Mossos d’Esquadra, hay que señalar a la Generalitat.
Una imputación sin indicios, según el TSJC
Por su parte el Tribunal superior de Justicia de Cataluña devolvió a la jueza el auto que les envió solicitando la imputación e investigación de la diputada debido a que consideraron que no había «indicios suficientes» que demostraran la participación de la investigada en los presuntos desórdenes públicos en los que aparece señalada por el atestado policial.
El alto tribunal calificó, en concreto, de «totalmente insuficiente» la instrucción contra la diputada y emplazó a la jueza a emitir una exposición razonada en la que delimite los indicios delictivos que pesan contra Estrada, según ha avanzado la Agencia Efe, quienes han tenido acceso al documento, emitido el pasado 3 de mayo. Ha sido tras la recepción de la respuesta del órgano judicial catalán cuando la jueza ha ordenado la detención de Laia Estrada.
El TSJC, afirmaba en dicho auto, que el primer documento entregado por la jueza de Tarragona no contenía «ningún hecho relativo a la participación indiciaria y presuntamente delictiva de la señora Estrada Cañón». Tampoco mencionaba el «presunto delito objeto de investigación y/o imputación a la misma», lo que resulta «insuficiente» para que la sala declare su competencia para investigarla.
Además, insisten en que la instrucción remitida por la juez de Tarragona «es prácticamente inexistente respecto de la investigada aforada, y totalmente insuficiente para atribuir a la misma la comisión y/o participación de un presunto delito de desórdenes públicos que justifique la asunción por esta sala de la continuación de la instrucción».
