La judicatura denuncia abandono y fuga de magistrados en Cataluña

Según datos de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), desde la previa del 1-O, en septiembre de 2017, hasta junio de 2018 se marcharon de Cataluña 22 magistrados y se sumaron tan solo cuatro, dejando un déficit de 18 que, según esta y otras asociaciones de jueces, tiene como motivación la tensión política y los ataques del separatismo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene datos que cubren otras fechas, desde mitad de 2016 hasta ahora, lapso en el que afirma que se han marchado 26 magistrados de Cataluña y solo han llegado ocho. La fuga coincide con el proceso soberanista catalán y todos sus acontecimientos en el último año.

El sistema judicial catalan asume «centenares de causas judiciales repartidas por toda la geografía» consecuencia del referéndum ilegal del 1 de octubre, según constató el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, en la memoria anual de la institución, recogida en una noticia de El Mundo publicada el domingo.

Los jueces lamentan los ataques del separatismo desde el 1-O

La mayoría de miembros de la judicatura y fiscales destinados en Cataluña confiesan que han pasado un año muy complicado desde el 1-O, según informa el citado diario. No acusan problemas únicamente por la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino también por el ataque a su profesionalidad que sufren por parte del separatismo, que cada vez que puede entorpece su labor.

Las protestas en la sede del TSJC, en la Fiscalía Superior de Cataluña y en otros edificios judiciales no han cesado en los últimos meses. Los juzgados se han llenado de cruces y lazos amarillos en homenaje a los políticos catalanes presos, y en algunas ocasiones las manifestaciones han escalado a la rotura de cristales y las pintadas con amenazas e insultos a los magistrados, en especial cuando se llama a declarar a algún dirigente del «procés».

Otro motivo de alarma son las amenazas que sufrieron los magistrados Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, y Juan Antonio Ramírez Sunyer, del juzgado número 13 de Barcelona, quienes llevan las causas más importantes del 1-O. A Llarena le hicieron pintadas fuera de casa e incluso fue acosado por un grupo de independentistas cuando cenaba en un restaurante en la Costa Brava.

A todo esto se suman los comentarios de varios ministros sobre la futura sentencia contra los procesados por rebelión, que ha causado malestar entre los jueces y magistrados, al cuestionar los políticos la figura de la prisión preventiva. «El Gobierno no debe meterse en temas jurisdiccionales», comenta una fuente judicial que lamenta que en el escenario político actual «parece que molestemos».

En conclusión, los jueces se sienten abandonados por el Gobierno y atacados por el separatismo, y no creen que la situación vaya a mejorar pronto, ante el juicio del 1-O y las posibles condenas para los soberanistas procesados. «El Estado no puede consentir que el Poder Judicial se debilite en Cataluña; es un error sobreexponer a los tribunales ante el desafío secesionista», manifestó el portavoz de APM en Cataluña, Pablo Baró.