La imputación de Laya divide el Consejo de Ministros
Unos ministros optan por salvar a Laya asegurando que todo se hizo "conforme a la Ley", otros culpan a la titular de Exteriores para blindar al Gobierno y el resto se pone de perfil
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Foto: EFE
El ‘Caso Ghali’ pone contra las cuerdas al Gobierno y todas las miradas se centran estos días en la ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
Moncloa acelera su estrategia para blindar al presidente, mientras que en el Consejo de Ministros se muestran divididos acerca de las explicaciones que deben dar: unos optan por salvar a la ministra, otros por culparla y el resto prefiere ponerse de perfil ante un caso que termina en los tribunales.
La ex ministra de Exteriores, recién nombrada presidenta del comité de expertos de la UE para la Unión Aduanera, tendrá que comparecer en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza por la decisión de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España. La Justicia intenta dirimir quién dio la orden y la primera en comparecer será Laya, quien ya está preparando estos días su exposición de los hechos.
La principal tarea de Presidencia es proteger a Pedro Sánchez y para ello se ha pactado una estrategia interna en la que se exime de toda responsabilidad a las altas instancias del Gobierno. Desde Moncloa apuntan a que la decisión solo compete a la ex ministra de Exteriores para que el asunto no salpique al jefe del Ejecutivo ni a otras carteras, como ya está sucediendo.
Marlaska, señalado
Una de las acusaciones populares ya ha solicitado al juez que investiga el caso que cite a declarar a la ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Según el escrito, se solicita que Calvo testifique en calidad de testigo para que explique si ordenó algún tipo de gestión o por qué sospechaba que el histórico dirigente saharaui iba a entrar en el país tres días antes de que aterrizara en la base militar de Zaragoza.
Asimismo, el letrado que primero denunció el caso, Antonio Urdiales también solicita que declare como testigo la directora de Gabinete del Ministerio del Interior Susana Crisóstomo para determinar el grado de conocimiento del Ministerio del Interior y, por ende, del ministro Fernando Grande-Marlaska.
Según el escrito, Urdiales se basa en que Interior tenía «conocimiento» de la llegada de Ghali, «dado que había agentes de la policía en el hospital de Logroño». El Gobierno busca con su estrategia crear un cortafuegos ante el señalamiento del ministro Marlaska, dado que Calvo ya no forma parte del Ejecutivo.
Los ministros, divididos
Es aquí donde existen dudas entre los ministros socialistas sobre el mensaje que lanzar. Unos optan por salvar a la titular de Exteriores como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, señalando que «todo está ajustado a la Ley».
Laya sigue manteniendo buena relación con la vicepresidenta Nadia Calviño, que prefiere no pronunciarse al respecto y también con otros ministros que tampoco se pronuncian.
Otros culpan directamente a González Laya y aseguran a Economía Digital que «la decisión fue de Exteriores y no tiene por qué consultar a nadie» o «Exteriores no consultó con nadie» y en tercer lugar, se encuentran los que se ponen de perfil para hacer ver que el caso no va con ellos. Es el caso de Unidas Podemos y también de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Desde el entorno de Robles aseguran que su departamento no tiene «ningún tipo de competencia» en la recepción de una «aeronave de Estado» como fue la que llevó a Ghali a Zaragoza.
Las mismas fuentes desmarcan a la ministra del caso asegurando que «no intervino en ninguna negociación previa» al traslado en secreto del líder del Frente Polisario, tal y como se ha hablado.
Roble tuvo conocimiento de la llegada de la aeronave ésta estaba a punto de aterrizar. Desde el entorno de la ministra insisten en que si hubiera tenido conocimiento «se hubiera mostrado disconforme».
El PP pide una comisión de investigación
Para el principal partido de la oposición «hay cosas que no encajan» y, por ello, los populares registraron este jueves una comisión de investigación en el Congreso. En el PP se preguntan «¿Quién es el ‘señor X’?» y sostienen que «una orden así no la da Exteriores, sino que viene de instancias más altas», señalando veladamente al presidente del Gobierno.
La portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, hizo un llamamiento a todos los partidos para que apoyen abrir esta comisión, tal y como los socios de Gobierno hicieron con la ‘Kitchen’.
Sin embargo y con los números sobre la mesa, la iniciativa tiene pocos visos de prosperar. Hasta ahora, en cada comisión de investigación registrada por la oposición, los socios del Gobierno cierran filas con PSOE y Unidas Podemos y la ‘tumban’ en la Junta de Portavoces.
«Si no tienen nada que ocultar, si todo se hizo bien, todo se puede contar», animó la portavoz del PP al resto de grupos. Tanto por el conflicto diplomático como por la imputación de la ex ministra, Gamarra se pregunta «¿quién dio la orden?, ¿quién lo autorizó?, ¿cómo y por qué se hizo?».
El presidente del Gobierno esquivó esta semana las preguntas de la prensa asegurando desde Nueva York que «se hizo» y «se decidió» lo correcto. A lo que Gamarra ha afirmado: «Las declaraciones de Sánchez son una tomadura de pelo cuando dice que ‘se hizo’ y ‘se decidió’. ¿Quién hizo y quién decidió? ¿Quién era la ‘x’ de esta trama?«.
