La herencia de Illa: Transparencia expedientó a Sanidad en 35 ocasiones por opacidad con la pandemia

El Ministerio de Sanidad que hasta hace una semana comandó Salvador Illa aplicó la estrategia del silencio ante decenas de solicitudes de información sobre la pandemia del coronavirus que los ciudadanos presentaron en 2020.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó hasta 35 reclamaciones contra el ministerio que ahora dirige Carolina Darias, tomando en cuenta únicamente aquellas relativas a la Covid-19.

Solo el pasado diciembre, Transparencia dio la razón a ocho denunciantes que durante meses esperaron una respuesta del Ministerio y que solo obtuvieron, literalmente, silencio.

Sanidad ha callado desde los datos más básicos sobre la emergencia sanitaria hasta aquellos correspondientes a su devastador efecto en las residencias de ancianos, pasando por los informes técnicos detrás de los protocolos de distancia en los medios de transporte.

Entre las resoluciones del CTBG están también varias sobre el enigmático comité de expertos que asesoró a Illa y al Gobierno de Pedro Sánchez durante la desescalada del confinamiento de la primavera, cuyos nombres se conocieron hasta finales de diciembre. Las compras de material sanitario y los gastos del Ministerio para aplacar la Covid-19 son otros asuntos sobre los que Sanidad enmudeció durante el año en que estalló la pandemia.

Solicitudes ignoradas durante meses

Antes de ser el candidato del PSC a las elecciones catalanas, Illa tenía la cartera ministerial que más importancia adquirió en 2010, por razones obvias. Las solicitudes de información se dispararon mientras avanzaba la pandemia; especialmente en el ecuador del primer estado de alarma, cuando se empezaron a amontonar las críticas a la gestión del Ejecutivo central.

Transparencia se hizo eco del silencio de Sanidad sobre asuntos de la Covid desde junio. Para que llegue una denuncia al Consejo primero deben solicitarse los datos al departamento respectivo y agotarse los plazos estipulados en la ley.

Pero el Ministerio ha tenido poco respecto por los plazos, y no ha sido algo común únicamente en los primeros meses de la emergencia. De hecho, en la segunda mitad del año fue aún más constante.

Veamos, por ejemplo, las resoluciones más recientes del CTBG, firmadas en diciembre (y publicadas esta semana, la primera de febrero). El 3 de diciembre, Transparencia estimó la denuncia de un ciudadano que había pedido el 30 de abril una serie de datos sobre la enfermedad. Sanidad nunca respondió. En sus múltiples actuaciones, el Consejo recordó que el Ministerio debía tener esta información pero, por alguna razón, ignoró la petición.

Transparencia se encontró en repetidas ocasiones ante solicitudes de datos que se sabía que obraban en el poder de la administración pero que Sanidad igualmente desoyó.

Otro ejemplo de ello es la petición del 30 de abril de una batería de cifras sobre la situación en las residencias. Siete meses después, el 3 de diciembre, se estimó la queja del ciudadano y se instó al Ministerio a que remitiera estos datos.

Reuniones de Illa y Simón

A veces, Sanidad no calló, sino que se acogió a los plazos de los que dispone para responder a las solicitudes, para un mes después denegarlas sin razón válida, según las resoluciones del CTBG.

Ejemplo de ello es la solicitud hecha el 9 de julio para conocer los informes sobre la calidad de los productos contratados frente a la Covid-19, que tras las reservas del Ministerio fue estimada por el organismo el pasado diciembre.

El último mes del año también se estimaron denuncias contra Sanidad por no remitir los protocolos sobre la distancia de seguridad en medios de transporte, por el secretismo en torno a las residencias de ancianos tras negarse a dar datos solicitados por varios ciudadanos, por no facilitar información sobre el impacto de la Covid-19 en sanitarios y por no ofrecer al detalle el número de rastreadores por comunidad autónoma. Todas estas solicitudes se hicieron en julio.

En otros meses del año el Ministerio fue corregido por Transparencia por negarse a compartir información sobre los expertos que asesoran al Gobierno, los protocolos para la obtención de datos de coronavirus, las actas de las reuniones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y las reuniones del ministro Illa y de Fernando Simón, entre otros asuntos relativos a la pandemia.

«Tendencia al incumplimiento»

La organización pro-transparencia Access Info advirtió el pasado 26 de enero de que «en los últimos años ha habido una clara tendencia al incumplimiento de las decisiones del [Consejo de Transparencia y Buen Gobierno] por parte de los organismos de la administración central». Si en 2015 el 88% de las resoluciones del CTBG se acataban por parte del Gobierno, en 2020 la cifra cayó al 60%.

«Además, el Gobierno ha lanzado cada vez más litigios contra las resoluciones del Consejo, con 28 impugnaciones en 2020», añadió el grupo, que reclamó una reforma de la ley de transparencia para blindar la independencia de este organismo público y para lograr que sus resoluciones sean vinculantes y que sus trabajadores puedan inspeccionar y sancionar.

Después de tres años de interinidad, el Gobierno de Sánchez nombró el pasado octubre a José Luis Rodríguez Álvarez como nuevo presidente del Consejo de Transparencia. El exdirector de la Agencia de Protección de Datos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomó su primera decisión de calado la semana pasada, cuando cesó a la subdirectora de reclamaciones, Esperanza Zambrano, que llevaba seis años tramitando recursos en el organismo.

Es precisamente la subdirección general de reclamaciones la que firmó las resoluciones mencionadas en este artículo y, en general, las 192 estimaciones de recursos contra el Gobierno registradas en 2020. Al frente del departamento que gestiona las denuncias contra el Ejecutivo está ahora Carmen Montero García-Noblejas, hasta ahora vicesecretaria general técnica del Ministerio de la Presidencia.