La hacienda catalana costará al erario 200 millones

La puesta a punto de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), refundada por la Generalitat, supondrá pasar de las actuales 40 oficinas en el territorio a un total de 190 y de una plantilla de 350 funcionarios a 800.

El despegue total en los próximos años ha sido cifrado alrededor de 200 millones de euros por fuentes conocedoras, aunque la administración competente, la vicepresidencia económica de la Generalitat, desempeñada por Oriol Junqueras, lo considera «excesivo» y parte del dato de que solo se han consignado  de momento 48 millones para el presupuesto 2017. Esta última cifra puede variar  también porque las cuentas públicas, departamento por departamento, están ahora en fase de elaboración.

Las fuentes consultadas situaban inicialmente la cifra aproximada de la ATC, una vez totalmente culminada, en un eslabón todavía más alto.

El proyecto que está llevando a cabo el gobierno catalán, bajo la marca Tributs de Catalunya, está diseñado sobre la base del ahorro que supondrán la anexión de las estructuras existentes de la Agencia Tributaria del Estado, cuya recaudación (el 90% de los impuestos que se pagan en Cataluña) contiene la mayor tajada de los impuestos directos, como IRPF, y de los indirectos, como IVA, al margen de otras figuras impositivas.

Ventanilla única

Además, Tributs de Catalunya se prepara para actuar como una ventanilla única que atenderá al contribuyente entendiendo la carga fiscal de forma global, es decir su gestión incluirá los actuales impuestos del Estado y los transferidos, pero también los tributos y tasas de municipales, de las diputaciones y de los consejos comarcales. También tendrá la responsabilidad de gestionar los impagos en fase de ejecución  y las multas de tráfico. 

Los impuestos no autoliquidados y en fase ejecutiva ocupan un lugar destacado en el nuevo diseño, ya que la hacienda catalana dispone de planes que «permitirán un impulso a la eficiencia y un gran en estos trámites», según el discurso oficial del gobierno autonómico.

Nuevas oficinas

Para poner en marcha 150 oficinas nuevas, la hacienda catalana  ha empezado esta misma semana a licitar ofertas de entre 40.000 euros para oficinas pequeñas y 70.000 para despachos algo mayores. En el primer impulso, Economía y Hacienda destina de momento 700.000 euros. Según los planes del departamento, las 14 oficinas nuevas estarán operativas en julio próximo, la fecha del «punto de partida de la construcción de la nueva estructura de Estado», en palabras del secretario de Hacienda Lluis Salvadó.

Las nuevas oficinas son locales alquilados y remodelados; la primera vez que se hizo público oficialmente el impulso de la ATC con nuevas oficinas fue en el pasado setiembre por medio de una comparecencia de Salvadó en el Parlament, en la que quedaron claras dos cosas. Primera, que antes de final de año la primera oleada de las nuevas oficinas debe estar en funcionamiento y, segunda, que el coste global presenta unos gastos recurrentes de cerca de 20 millones anuales, según el despliegue territorial, presentado por Salvadó a la cámara.

Una década para desplegar la ATC

Aunque el departamento no ofrece la panorámica global, desarrollar la ATC al completo exigirá un plazo de diez años, según las fuentes profesionales consultadas, lo que totaliza una cifra cercana a los 200 millones. A partir de la exposición del despliegue, la gradación ha ido in crescendo, aunque los datos llegan de forma no oficial y su concreción paso a paso se efectúa a cuenta gotas.

La ATC y el marco general de la nueva hacienda catalana, la principal «estructura de Estado» que impulsa el Govern de Carles Puigdemont, es un trabajo de profundidad que no podrá ser interrumpido por el Constitucional, aunque, en su día, el alto tribunal ya puso un veto al proyecto. En todo caso, la ATC existe por traspaso y está consagrada en el Estatut de 2005. Está ahí y su desarrollo es completamente legal, según fuentes oficiales.

Mirando al Constitucional

En la hacienda catalana se encuentran frente a frente dos legitimidades que conviven: la Agencia Tributaria Española y la ATC, en fase de crecimiento. Dos legitimidades, pero no dos legalidades. Sucede lo mismo que con las declaraciones del Parlament y con la convocatoria del referéndum. Junto a la ley de transitoriedad jurídica y la de la Seguridad Social, la hacienda propia catalana conforma la trilogía que cimienta el, a día de hoy, proyecto de «república catalana». Y las tres, conviene recordarlo, fueron anuladas por unanimidad por el TC.

En su escrito, el tribunal dice que gestionar los impuestos es responsabilidad del Estado y considera el desarrollo de la ATC bajo la marca Tributs de Catalunya es un invasión de competencias.