La guerra del ministro Campo y Podemos estallará en plena batalla electoral

El aplazamiento de las elecciones catalanas al 30 de mayo ha comprometido los planes de Moncloa, que pretendía anotarse un éxito electoral en Cataluña mediante el efecto Illa y que, ahora, con varios meses por delante hasta las urnas, quizá tenga que afrontar en circunstancias muy diferentes debido al regreso a escena del trámite de los indultos a los presos del procés.

La ‘pinza’ entre ERC, JxCat y los Comunes para aplazar las elecciones ha terminado por destapar antes de tiempo la batalla encarnizada entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Unidas Podemos por los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés.

El Gobierno tendrá que decidir sobre los indultos antes y no después de los comicios catalanes y las fuentes socialistas consultadas admiten en privado que no les han salido los planes como ellos pensaban.

La intención del Gobierno era no pronunciarse sobre los indultos hasta pasado el 14 de febrero, fecha en que se fijaron inicialmente las elecciones. Pero con el pretexto del aumento de contagios por Covid-19, el Govern ha decidido aplazarlos.

Los cálculos de Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, daban la razón al Ejecutivo. Nada se sabría hasta marzo, por una cuestión de plazos.

El titular de Justicia anunció su tramitación en el Congreso el pasado 23 de septiembre y, por entonces, concluyó que este proceso podría durar «hasta seis meses». Ya en diciembre, Campo adelantó la fecha para el primer trimestre de 2021, allá por marzo.

Según las fuentes consultadas, el ministro tendría ya en su poder el informe de Fiscalía, desfavorable a la concesión de los indultos, y aún faltaría el de la Abogacía del Estado antes de que el Tribunal Supremo traslade su resolución al Ministerio de Justicia, que a su vez elaborará una propuesta para poner encima de la mesa del Consejo de Ministros.

PSOE vs Podemos

Es aquí donde la ‘guerra’ interna del Gobierno de coalición se recrudece con ambos bandos bien diferenciados. Por un lado, se encuentra la autoridad del responsable de la reforma de la Justicia, el ministro Juan Carlos Campo, que pide «tiempo» y «cautela» antes de hablar de indultar a nadie.

Precisamente, desde Justicia deslizan a ED que «no tiene nada que ver la figura del indulto con las elecciones en Cataluña».

Aseguran que «nada ni nadie» obliga al Gobierno a tener que decidir sobre la reforma del Código Penal y, dentro de ésta, sobre la modificación de la figura del delito de sedición y el de rebelión, antes de las elecciones del 30 de mayo. A juicio de Campo esta reforma bien podría ocupar todo el semestre del año, alejando así la posibilidad de tener que decidirse antes de unos comicios decisivos.

Recientemente, el ministro de Justicia señaló que «estamos en unos plazos razonables», sin querer dar ninguna pista sobre su calendario de trabajo.

Campo no estaría solo a la hora de pedir cautela e ir posponiendo poco a poco la decisión de los indultos, más allá de las elecciones. También le acompañan la ministra de Defensa, Margarita Robles, que como magistrada pide «respetar» y «acatar» los plazos judiciales.

Los que sí apremian con el reloj son Unidas Podemos. El presidente de la confederación de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, pide «celeridad» a Campo desde el primer momento que el ministro anunció la tramitación de los indultos en el Congreso. El socio de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no ha dejado de arremeter contra el ministro de Justicia acusándolo de retrasarlos «deliberadamente» e insistiendo en diciembre en que había «perdido la paciencia».

«Pensamos que (el PSOE) puede actuar por criterios de oportunidad política o electoral. No en que nosotros disputamos el voto con Ciudadanos», aseveró Asens, que cree que los socialistas «tienden a mimetizarse» con la formación liberal cuando entran en campaña. 

Ataques a los jueces

Sin embargo, de diciembre a ahora las críticas hacia el PSOE se han vuelto moderadas por parte de los morados al ver que varios dirigentes socialistas, incluido el presidente Pedro Sánchez, abren la puerta a indultar a los políticos presos catalanes.

De ahí que este año nuevo, los ataques de Podemos se hayan centrado en los jueces, en especial en el magistrado Manuel Marchena, instándole a decir «lo que considere oportuno» en este informe, que es no vinculante, pero anima a «resolverlo de manera inmediata, porque esta es la única causa con presos que tiene, y esta demora no tiene razón de ser». 

Asens ya advierte que esto «afecta a toda la campaña» porque no permite que se pueda celebrar «con igualdad de condiciones por parte de todos los partidos».

«Si el Supremo quisiera evitar este escenario podría hacerlo resolviendo rápidamente el expediente que tiene en su despacho», dijo Asens, que duda que el tribunal «quiera facilitar las cosas para que nunca ha sido su ánimo» .

Los Comunes admiten que existe la posibilidad de que la propuesta que se haga desde Justicia se quede corta. «Todo el mundo tendrá que hacer un esfuerzo para flexibilizar sus posiciones y ceder», señalan.

También prevén un «dilema» si la propuesta final dista de la inicial. Entonces, sugieren, habrá que decidir si se acepta «una reforma descafeinada de mínimos pero que represente un avance respecto a lo que tenemos ahora». 

Sánchez tendrá que decidir si asume el coste político de plantear esa reforma antes de las elecciones y cumple con su promesa de acometer los cambios cuanto antes.

Las fuentes socialistas consultadas esgrimen que «todavía es pronto para saberlo», pero no esconden que, como viene siendo habitual, «habrá discusión interna» con su socio de Gobierno, Unidas Podemos.