La guerra del agua catalana contamina Terrassa

La gestión del agua en Cataluña es explosiva. El Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre la concesión del servicio en alta a Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que la Generalitat adjudicó a una corporación liderada por Acciona. Pese a que no han pagado los impuestos derivados ésta operación, el gobierno de Carles Puigdemont acaba de conceder a Acciona contratos para la limpiezas de las instalaciones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) por un importe de 7,3 millones de euros.  

El subministro de agua en baja a los municipios también genera guerras. La última ha estallado en Terrassa, la cuarta ciudad catalana más poblada. El alcalde, el socialista Jordi Ballart, se ha empeñado en municipalizar el servicio cuando venza la prórroga de la concesión en junio del próximo año. Su plan puede salir carísimo a los ciudadanos. Desde la compañía subministradora se le reclama una indemnización de 60 millones de euros y se le advierte que, si no se llega a un acuerdo, los tribunales tendrán la última palabra.

Convocan un proceso participativo cuando ya han tomado la decisión
 
Jordi Ballart ha convertido Terrassa en un laboratorio de pruebas. El Ayuntamiento ha convocado un proceso participativo sobre la gestión del agua, con debates en todos los barrios, pese a la que la decisión política ya está tomada: el alcalde Ballart, con el apoyo del PSC, ERC, Terrassa en Comú y la CUP, apuesta por la municipalización total del servicio.  

El grupo de CiU forma parte del equipo de gobierno, pero pide calma al alcalde para analizar una operación que puede acabar con pleitos millonarios. En el pleno de hoy jueves, el concejal republicano Carlos Caballero probablemente volverá a dirigirse al convergente Miquel Samper para que exponga la posición de CiU. Samper volverá a reiterar que le faltan datos, auditorías e informes antes de tomar una decisión que les puede salir muy cara. Los concejales de Ciudadanos y PP también dudan de la operación.

El Ayuntamiento vendió su paquete de acciones hace dos años  

La empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa gestiona el servicio desde 1941. El próximo 31 de diciembre, cuando se cumplen 75 años, acaba la concesión, pero el Ayuntamiento ha aprobado una prórroga hasta junio de 2017 a la que puede seguir otra de seis meses más, según apuntan fuentes municipales. El primer accionista de la compañía es Agbar, con cerca del 35% del capital. Estas fuentes recuerdan que en 2014, con el alcalde Ballart, el Ayuntamiento de Terrassa vendió su paquete de acciones, un 4,5%, que precisamente adquirió Agbar.  

Las instituciones empresariales de Terrassa reclaman una gestión mixta. Mina Pública d’Aigües está abierta a esta fórmula, según confirman a éste medio fuentes de la compañía, pero chocan con la posición del alcalde Ballart y de las formaciones de izquierda del consistorio. La tensión entre el alcalde y los directivos de la concesionaria ha llegado a los medios.   

Dentro de la agrupación local del PSC existen discrepancias. El histórico socialista Manuel Royes, ex alcalde de Terrassa y ex presidente de la Diputación de Barcelona, defiende públicamente que la «solución natural» sería la creación de una sociedad mixta público privada.

La compañía plantea una indemnización de 60 millones, que el Ayuntamiento rebaja a 2  

En un acto organizado el pasado marzo por la patronal CECOT, que contó con la asistencia del presidente de la compañía de aguas, Marià Galí, y del director general, Josep Lluís Armenter, se apuntó que la liquidación de la concesión tendría un coste de 60 millones de euros. No obstante, desde el Ayuntamiento de Terrassa se asegura que tan sólo serían 2 millones de euros.  

La compañía argumenta que, según el contrato de 1941, tan sólo deben revertir gratuitamente las instalaciones y los servicios que existían en aquel momento. Desdel ayuntamiento se considera que la empresa está obligada a entregar todas las infraestructuras y equipos necesarios para garantizar el suministro. Si no hay acuerdo, resolverán los tribunales.

Un empresario de la CECOT advierte que las indemnizaciones y posibles condenas judiciales acabarán repercutiendo en los recibos del agua que pagan las familias. Terrassa es la cuarta ciudad catalana de más de 50.000 habitantes que menos paga por este concepto, tal como reconoce públicamente su ayuntamiento. «¿Si funciona bien por qué debemos cambiar de sistema?», se pregunta éste empresario.