La Guardia Civil asesta otro golpe a Convergència por el 'caso 3%'

La Guardia Civil registra este jueves las sedes de diversas empresas públicas de infraestructuras de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. Esta operación, denominada «Pika», es la continuación del caso del 3%, la investigación sobre la supuesta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), la actual PDECat, que lidera Artur Mas.

Los agentes también han practicado nuevos registros en oficinas de empresas constructoras que ya fueron investigadas por el caso del 3%. Se han efectuado detenciones, aunque todavía no se ha confirmado su número. Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Efe indican que prevén efectuar unas veinte detenciones.

Por lo que se refiere a las empresas públicas de la Generalitat, los registros se han realizado en las oficinas de Infraestructuras.cat (la anterior GISA), desde donde se gestiona la obra pública, y en la Autoridad Portuaria de Barcelona, que preside Sixte Cambra. Los agentes también han recopilado información en los despachos de Bimsa (Barcelona d’Infraestructures Municipals SA), el gestor de la obra pública del Ayuntamiento de Barcelona.

Al frente de estos proyectos estaba Antoni Vives, ex concejal de Urbanismo en la etapa del alcalde convergente Xavier Trias. Recientemente, el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled se querelló contra Vives por la contratación de militantes convergentes a través de Barcelona Regional, otra de las empresas municipales. En los gobiernos de Jordi Pujol, Vives fue la mano derecha de Artur Mas.

La orden judicial incluye nuevos registros en empresas constructoras como Copisa –la empresa de la familia Cornadó, que también aparece en el caso Pujol y en el de Unió-, Grupo Soler, Rogasa y Oproler, esta última con sede en Madrid.