La Generalitat usará el Institut Català de Finances para sufragar la multa del Tribunal de Cuentas
El conseller de Economía, Jaume Giró, cambia de decisión en 24 horas y recurrirá al organismo público para evitar un embargo a los dirigentes independentistas
El conseller de Economía Jaume Giró, durante la sesión de control hoy en Parlament, día en que vence el plazo para que los 34 ex altos cargos del Govern encausados por el procés abonen la fianza de 5,4 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas. EFE/ Quique Garcia
La Generalitat recurrirá finalmente al Institut Català de Finances (ICF) para sufragar la fianza de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 exdirigentes del Gobierno catalán por la supuesta desviación de fondos para promocionar el ‘procés’ en el extranjero. Una decisión que se ha tomado en el mismo día que vence el plazo establecido por el organismo fiscalizador.
Ante la negativa de los bancos españoles a hacer frente a la operación, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha optado por recurrir a la institución pública para evitar el embargo de los bienes personales de los altos cargos implicados en la causa. Apenas 24 horas antes había descartado este camino para no poner en peligro a ningún trabajador público.
Giró ha anunciado el cambio de rumbo en la sesión de control celebrada en el Parlament justo en la fecha marcada en rojo por el Tribunal de Cuentas para que los implicados en la causa depositasen el dinero de forma definitiva. El que fuera director ejecutivo de Caixabank no ha conseguido éxito entre la banca española para encontrar otra alternativa mejor.
Un día antes, el titular de Economía había rechazado públicamente la posibilidad de utilizar directamente al ICF para no poner en riesgo a los funcionarios públicos ante una posible denuncia por el desembolso del dinero. Sin embargo, ahora se ha escudado en el contenido de la reciente Ley del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya para justificar la operación.
«He recibido llamadas estas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional como está previsto en el decreto ley. Esto es lo que haremos», ha argumentado en la sesión parlamentaria.
La Generalitat ya aprobó el pasado 6 de junio la creación de un fondo de cobertura dotado con 10 millones de euros a través de este decreto ley precisamente para hacer frente a los costes de la multa del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, aspiraban a encontrar una entidad bancaria que actuara como intermediaria. El rechazo de los grandes bancos les ha forzado a sufragar directamente el coste.
Más, Puigdemont y Junqueras, al borde del embargo
La decisión de última hora de la Generalitat se ha tomado para evitar que los 34 antiguos dirigentes públicos tuviesen que hacer frente con sus propios recursos económicos a las multas millonarias, después de que el Tribunal de Cuentas se negase a ampliar el plazo establecido para depositar el dinero durante 15 días más.
La decisión amenazaba a importantes líderes del sector independentista como el actual presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, al que le han atribuido el desvío de 1,9 millones, así como a los expresidentes Artur Mas (2,8 millones) y Carles Puigdemont (1,9 millones).
No es la primera vez que los dirigentes independentistas se encuentran ante la amenaza del embargo. Más ya fue penalizado por los costes derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Entonces, evitó que sus bienes se vieran confiscados gracias a una caja de solidaridad que recopiló el dinero entre los seguidores del secesionismo.
El movimiento independentista también se ha movilizado en esta ocasión económicamente. Sin embargo, la recaudación en un espacio tan corto de tiempo ha superado apenas el millón de euros, frente a los 5,4 millones que ha establecido el Tribunal de Cuentas en su liquidación por la financiación del Diplocat y de las denominadas embajadas catalanas.
