La Generalitat usa fondos finalistas del Estado para gasto corriente

En un actuación que bordea la irregularidad administrativa, el Ejecutivo de Artur Mas ha reconocido que algunos fondos finalistas transferidos por la Administración central han sido destinados a cuestiones diferentes a las que legalmente habían sido asignados. Eso es así, al menos, en lo referido a los fondos para la formación de parados, una parte de los cuales habría sido destinada a atender gasto corriente.

Así lo confirmó el secretario general de Empresa i Ocupació, Enric Colet, en el transcurso de una reunión del Consorcio para la Formación Continua de Catalunya, que preside la secretaria de Ocupación, Esther Sánchez. El citado consorcio, del que forman parte la Administración catalana, los sindicatos y las organizaciones patronales, conoció de forma directa ese hecho cuando se tramitaron los presupuestos del organismo y las organizaciones colaboradoras en materia de formación exigieron al Gobierno que dejara de retrasar los pagos para los planes de empleo.

De acuerdo con el acta de la reunión de finales de abril pasado, Colet informó a los asistentes de que “la Generalitat ha estado utilizando fondos finalistas para financiar otros gastos de la Generalitat”. Para justificar la decisión de la conselleria que dirige Francesc Xavier Mena, su número dos insistió en la situación de colapso financiero que vive el sector público catalán y añadió: “Actualmente se está trabajando para agilizar los pagos lo más rápido posible, si bien en estos momentos se pueden desbloquear cosas con cuentagotas”.

Enfrentamiento con UGT

El anuncio de Colet derivó en un enfrentamiento con el número dos de la UGT catalana, Diego Martínez, quien recriminó al político los recortes que se están llevando a cabo en los presupuestos de las políticas para fomentar la formación y la inserción de parados. Martínez pidió al Gobierno, según reza en el acta de la reunión a la que ha tenido acceso Economía Digital, que restableciera la fluidez y el sistema de financiación del consorcio.

“Este dinero no es de la Administración, en términos de administración, sino que es dinero de los trabajadores y de las empresas que ponen en manos de la Administración como garante de la ejecución y, por tanto, no parece razonable que se utilice para pagar otras cosas”, respondió Martínez a Colet, tal y como reza en el acta de la reunión. De hecho, esos fondos proceden de la retención que se practica a empresas y trabajadores en sus cuotas a la Seguridad Social destinada exclusivamente a formación.

Fuentes jurídicas próximas a sindicatos y patronales señalan que el reconocimiento realizado por Colet raya lo delictivo. “Admitió un delito de malversación de unos fondos públicos que tienen un sentido finalista. Es decir, que están destinados desde su transferencia a determinadas políticas. Hacer algo diferente es vulnerar de manera flagrante la ley”, asegura otro representante del mundo patronal.

Un problema serio

“Si alguien llevara el tema a la Fiscalía, Colet, Mena y Mas tendrían un problema serio”, subraya un dirigente sindical consultado. Las quejas de patronales y sindicatos se hicieron patentes en la reunión de abril pasado cuando Sánchez y Colet presentaron ante los agentes sociales un fuerte recorte de las partidas destinadas a la formación y pusieron como excusa la situación de crisis y de las finanzas públicas.

En una reciente entrevista concedida a Economía Digital, Colet subrayó que la afición de los agentes sociales a obtener recursos de los gobiernos era la razón que había distanciado a su departamento de los principales sindicatos y de las patronales catalanas.