La Generalitat ultima cómo acogerse al fondo de liquidez del Gobierno

El Govern de la Generalitat busca cómo acogerse al Fondo de Liquidez Autónomico (FLA) y que cuantía podría pedir para hacer frente a las necesidades de liquidez. La Generalitat precisa, para acabar el año, de unos 5.755 millones de euros para cubrir su financiación. Y, después de comprobrar la imposibilidad de financiarse a través de los mercados, buena parte de esos recursos podrían salir el FLA, dotado con 18.000 millones de euros.

Es, de hecho, lo que pedía el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, pionero entre los consejeros autonómicos en pedir los hispabonos, una fórmula que, con el membrete de Reino de España, hubiera podido ser la solución para el conjunto de las comunidades autónomas.

Los hispabonos

En el primer trimestre de este año, el Gobierno colocó el 65% de sus necesidades de financiación de la deuda para todo el año. Esa facilidad, por las inyecciones de dinero del Banco Central Europeo (BCE) a todo el sistema financiero europeo, no benefició a las comunidades. Y esa era la queja de Mas-Colell, que el Estado velara por las necesidades también de las autonomías. El consejero catalán ya pidió los hispabonos en agosto del 2011.

Ahora esa fórmula tampoco sirve, porque los mercados también están cerrados para el Reino de España, o reclaman unos intereses -con una prima de riesgo que bate récords cada día, que son insostenibles. Y la salida del Gobierno es ese fondo de 18.000 millones, al que se acogerán, según fuentes financieras, buena parte de las comunidades.

Pero, ¿pueden acabar las comunidades plenamente rescatadas, perdiendo atribuciones políticas?

Sí. El Gobierno ha establecido un mecanismo muy preciso. Cada trimestre el Ministerio de Hacienda realiza informes de seguimiento para comprobar el cumplimiento de las medidas que garanticen el déficit fijado para el 2012, del 1,5%. Si hay desviaciones, los gobiernos autonómicos deben presentar nuevos informes, y si se incumplen de nuevo, se establecen medidas coercitivas como la no disponibilidad de créditos; depósitos remunerados (el 0,2% del PIB), y aplicación de medidas correctoras.

Mayoría absoluta

Todo el proceso puede acabar en multas y sanciones. Finalmente una comisión de expertos impondrá la adopción de determinadas medidas. Y, basándose en el artículo 155 de la Constitución, se requerirá directamente al presidente autonómico de turno que adopte medidas precisas.

El último paso, es llevar el caso de una comunidad autónoma al Senado, donde se precisará de una mayoría absoluta.

En ese extremo, se vaciará a la comunidad autónoma de determinadas atribuciones políticas y competencias: la autonomía estará, en ese momento, intervenida. Por el momento, no se ha internido a ninguna, pero todo está preparado por si es necesario.