La Generalitat se arma con informes técnicos para avalar la suspensión electoral

De cara a la reunión técnica entre los partidos catalanes de este jueves por la tarde y la deliberación final entre los grupos prevista para el viernes, la Generalitat pondrá sobre la mesa dos informes que avalan la conveniencia de aplazar las elecciones del 14 de febrero. Tanto en la parte sanitaria como en la jurídica, los documentos técnicos que maneja el Govern serán empleados para justificar la posposición del 14-F.

La consejería de Salud que dirige Alba Vergés (ERC) ha entregado este jueves un informe que mantiene el mismo escenario epidemiológico del que informó este pasado lunes la consejera.

Eso quiere decir que su Departamento entiende que Cataluña llegará a la víspera del 14-F con un pico de la presión de la Covid-19 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), con la previsión de que habrá más de 800 pacientes graves ingresados en las mismas, frente a los más de 600 actuales.

El Gobierno advierte sobre la suspensión

Por otra parte, los servicios jurídicos presentarán en la mesa de partidos esta tarde un informe que, a juicio de la Generalitat, despejará las dudas sobre si puede tomar la decisión.

Después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, señalase por la mañana que la ley electoral no ampara la suspensión, se ha filtrado la posición del Govern, que se basa en lo que le dicen sus letrados y técnicos para defender que sí tiene la competencia para aplazar los comicios.

Insiste el Ejecutivo catalán en asegurar que no se tomará ninguna decisión hasta escuchar a todos los partidos en la reunión final de este viernes.

Conforme ha transcurrido la semana el PSC se ha quedado solo en su defensa de mantener la fecha prevista. Mientras que entre los partidos independentistas impera la división y la confusión, puesto que hay sectores tanto en JxCat como en ERC partidarios y contrarios al aplazamiento electoral.

Acusaciones cruzadas de partidismo

Más allá de los datos sanitarios (a raíz de los cuales el Departamento de Salud ha prorrogado una semana más las restricciones) y del parecer de los letrados de la Generalitat, la posible prórroga de las elecciones catalanas se ha convertido en un asunto explícitamente partidista. Por ejemplo, desde ERC hasta Ciudadanos acusan al PSC de velar solo por proteger el llamado «efecto Illa» (dícese de su subida en las encuestas desde que se anunció a Salvador Illa como candidato).

Los socialistas catalanes, por su parte, acusan a los demás grupos, especialmente a ERC y JxCat, de servirse de la evolución del coronavirus en Cataluña para poner en marcha un retraso electoral en función de sus cálculos partidistas sobre los posibles castigos que comportaría una u otra decisión. Asimismo, tanto por las declaraciones del PSC como del Gobierno y Vox, previsiblemente la postergación del 14-F será impugnada ya sea ante la Junta Electoral o el Tribunal Constitucional.

La Generalitat se blinda

En rueda de prensa este jueves, Alba Vergés ha explicado que las previsiones de su departamento sobre el pico de la presión hospitalaria que llegaría en la víspera de las elecciones no han cambiado ni mucho menos mejorado.

Sin apenas dar detalles sobre el contenido del informe que su Departamento ha presentado este jueves, la consejera ha avanzado que este documento, que actualiza otro presentado el lunes, «no está muy lejos» del anterior.

«La situación es que puede haber un incremento de los ingresos en las UCI, un incremento que ya empezó y que continuará, por lo que podemos llegar a otro pico de casos», ha afirmado Vergés. No obstante, ha matizado que «las medidas que hemos tomado tienen el objetivo de frenar este crecimiento» buscando que se reduzcan los casos positivos diarios, de forma que paulatinamente se relaje la presión sobre el sistema sanitario. En todo caso, la decisión sobre si aplazar es de «los partidos».

La Generalitat busca blindaje jurídico

Paralelamente, durante la rueda de prensa la Generalitat filtró su posición respecto de las dudas jurídicas en torno a la suspensión. La decisión «en ningún caso se tomará sin base jurídica», han asegurado fuentes del Govern a La Vanguardia, insistiendo en que no darán ningún paso en uno u otro sentido hasta escuchar la opinión de todos los grupos parlamentarios. Los letrados entienden que la suspensión «podría decretarse», pese a la advertencia del Gobierno.

Los letrados creen que la Generalitat está blindada por el decreto de convocatoria de las elecciones. «Si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud frente a la situación de emergencia sanitaria, el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias, se podrá dejar sin efectos esta convocatoria y posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías», reza ese decreto.

Los dirigentes catalanes asumen que, como el decreto no fue impugnado en su momento, el mismo le protege de acciones judiciales en su contra en caso de finalmente optar por el aplazamiento. La pregunta que nadie realmente puede responder, y así lo admiten incluso desde Salud, es cómo puede establecerse que unos comicios en mayo ofrezcan «garantías» que actualmente no pueden vaticinarse siquiera de cara a un mes, por la complejidad de la vigilancia epidemiológica.