La Generalitat queda en evidencia con sus actas por el fallecimiento de Reus
La directora de la Agencia Catalana de Consumo reconoció en una reunión oficial que existen "dudas" sobre cómo aplicar la ley de pobreza energética
La Generalitat se contradice internamente sobre la ley contra «la pobreza energética». Por este motivo, ni las diversas administraciones públicas ni las compañías suministradoras de gas y electricidad saben a ciencia cierta cómo deben actuar para prevenir casos como el del fallecimiento de la anciana de Reus (Tarragona).
Los mismos responsables de la Generalitat se están contradiciendo, según las actas de las reuniones a las que ha tenido acceso Economía Digital. La directora de la Agencia Catalana de Consumo, Montserrat Ribera, argumentó en una reunión oficial, y así consta por escrito, que existen «dudas» sobre los protocolos que deben seguir las compañías.
Tal y como consta en el acta de la sesión del pasado 13 de junio de la mesa de emergencia en el ámbito de la vivienda y de la pobreza energética, Ribera expuso que «se está trabajando en los protocolos» para desarrollar la ley con el objetivo de «evitar dudas en la aplicación» por parte de las empresas y de los servicios sociales.
Al contrario de lo manifestado por la Generalitat tras el fallecimiento de Reus, estos protocolos de actuación no están claros, ni acabados ni se están aplicando por las propias administraciones.
El parlamento catalán metió prisas
En marzo de 2016, el parlamento catalán aprobó una resolución sobre pobreza energética por la que se daba un plazo de dos meses a la Generalitat para establecer los protocolos necesarios, pero sobre los mismos todavía existe un mar de dudas.
Estos protocolos deberían clarificar la actuación de las empresas subministradoras, de los gobiernos locales y de la Generalitat en lo que se refiere a la comunicación obligatoria a los servicios sociales de cortes de suministro por impago.
Además, el gobierno central ha impugnado ante el Tribunal Constitucional varias de las normas sobre pobreza energética aprobadas por la Generalitat. Entienden que la regulación del corte de suministro es una competencia exclusiva del Estado.
