La Generalitat presenta tres informes al TSJC para justificar el retraso electoral

La Generalitat está apurando sus últimas opciones para tratar de retrasar las elecciones catalanas hasta el 30 de mayo. El Gobierno de Esquerra Republicana y Junts ha presentado este jueves tres informes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para justificar la decisión de postergar los comicios que debían celebrarse el 14 de febrero.

Es la última bala que le queda a los dirigentes independentistas, después de que la Justicia suspendiera cautelarmente el decreto de aplazamiento de las elecciones autonómicas y ofreciese un margen de tiempo a las partes implicadas para que aportasen sus alegaciones. Si las razones no son convincentes, los comicios podrían volver a su fecha original.

La Generalitat ha sustentado la base jurídica del retraso electoral en un documento de cerca de 50 páginas que aglutina tres informes diferentes sobre la situación epidemiológica, las competencias del Gobierno y la legitimidad de las votaciones.

La Generalitat advierte sobre la presión hospitalaria que habrá el 14-F

El primero está firmado por el director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Xavier Llebaria. En el texto se advierte de que en las fechas previas al 14 de febrero se espera que la comunidad alcance un pico de presión en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales catalanes. Es el principal argumento para suspender la cita en las urnas.

Precisamente la justificación epidemiológica es una de las partes que hace aguas en el decreto del Gobierno. Los expertos en derecho ya han advertido que sería necesario aclarar cuáles son las condiciones necesarias para celebrar las elecciones con seguridad y las razones sanitarias por las que se ha escogido el 30 de mayo y no otra fecha.

Pere Aragonès se reafirma en su poder de convocar elecciones

El segundo de los informes está elaborado por el gabinete jurídico del Gobierno catalán y defiende las competencias que tiene el presidente en funciones, Pere Aragonès, para dejar sin efecto las elecciones convocadas para el 14 de febrero.

Precisamente, ese fue uno de los motivos que llevó a la Lliga Democrática a presentar un recurso judicial contra le decisión de postergar la llamada a las urnas. La formación política, que no se ha presentado a estas elecciones, considera que se trata de un “abuso de poder” por parte de los dirigentes.

Las dudas jurídicas aquí radican en la obligación que tiene el Gobierno de poner en marcha las elecciones para buscar un sustituto para Quim Torra. Tras la inhabilitación del presidente catalán, los grupos políticos del Parlament no llegaron a un acuerdo para nombrar a otra persona, consumiendo los dos meses de margen que tienen para hacerlo.

La Generalitat cuestiona la legitimidad de los comicios el 14-F

El tercer documento es obra de la dirección general de Participación Ciudadana, que cuestiona la legitimidad del resultado electoral si las elecciones se celebran el próximo 14 de febrero. El departamento hace alusión a las dificultades que pone la pandemia para ofrecer las “garantías democráticas” durante los comicios.

Se trata de un mantra que Pere Aragonès ha repetido por activa y por pasiva en todas sus apariciones mediáticas de los últimos días. El presidente en funciones ya advirtió en el Parlament que una alta abstención por el miedo al contagio podría representar un “problema de legitimidad”.

Algunos informes epidemiológicos apuntan a que para el 14 de febrero habrá entre 150.000 y 200.000 personas en cuarentena en Cataluña como consecuencia de un contacto estrecho con una persona que se ha contagiado de Covid-19.