La Generalitat manda nombrar un «coordinador lingüístico» en cada colegio para que no se hable castellano
Las directrices del documento para la organización y gestión de los centros en el curso 2022-2023 obliga a usar el catalán en todos los espacios de los centros educativos
El president de la Generalitat, Pere Aragonès. EFE/Andreu Dalmau
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha emitido un documento para la organización y gestión de los centros en el curso 2022-2023 en el que establece una serie de directrices para garantizar el uso exclusivo del catalán en los centros educativos y evitar, en la práctica, el español.
Según ha adelantado El Mundo, el documento obliga a los colegios a designar un «coordinador lingüístico» en cada centro para «velar por el uso institucional del catalán» de acuerdo con «el modelo lingüístico del sistema educativo en Cataluña». También detalla otra serie de actuaciones obligatorias como la rotulación de los espacios del centro en lengua catalana y que se desarrollen en catalán «las actividades internas de los centros, tanto orales como escritas, la interacción entre docentes y alumnos, las actividades de formación del profesorado, las actividades extraescolares o el comedor».
El documento indica que las líneas estratégicas de los proyectos educativos de los centros deben «consolidar un modelo lingüístico de país» potenciando la lengua catalana como la vehicular. Algo que va en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir al menos un 25% de las materias troncales en español en todos los centros de la región.
A la espera del fallo del Tribunal Constitucional
El Govern está aprovechando el impasse legal hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie para continuar con su plan lingüístico y expulsar el castellano del uso habitual de los centros. En concreto, el punto muerto actual se debe a que el TSJC constató en julio que el decreto del Govern y la nueva ley que aprobó el Parlament sobre la enseñanza de las lenguas oficiales en las escuelas impiden ejecutar la sentencia.
Por ello, la sala contencioso administrativa del TSJC pidió en una providencia a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa que se posicionen sobre si se debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto del Govern por posibles infracciones a la carta magna y al Estatut.
La normativa aprobada por el Govern para impedir el uso del castellano en los centros protege a los directores de los colegios ante la sentencia del 25% del castellano y configura el catalán como el «centro de gravedad del servicio público educativo de Cataluña» estableciendo como criterio la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas». Además, la ley recoge que el catalán es la lengua normalmente empleada como vehicular y fija el castellano como lengua curricular que se utilizará en los términos establecidos en los proyectos lingüísticos de los centros sin fijar porcentajes. Con las últimas directrices de los proyectos lingüísticos se consolida el arrinconamiento del castellano.
