La Generalitat intercepta correos a los funcionarios «en numerosas ocasiones»
El director de la agencia de ciberseguridad catalana admite que es habitual la creación de filtros en la correspondencia de los trabajadores en caso de "una amenaza concreta"
El caso del espionaje a los funcionarios catalanes sufre otra vuelta de tuerca. Las diligencias previas al juicio contra Carles Flamerich y Xavier Panadero, el antiguo director y un empleado del CESICAT -la agencia de ciberseguridad catalana-, han sacado a la luz una práctica habitual en la Generalitat: intercepciones de correos electrónicos que se realizan «en numerosas ocasiones».
El actual director del cuerpo, Xavier Gatius, testificó el pasado dos de mayo ante el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y reconoció que asiduamente se crean filtros ante direcciones de correo vinculadas a una concreta amenaza. Una práctica que se había rumoreado con anterioridad pero que «nunca se ha podido documentar», lamentan fuentes sindicales.
Sin autorización escrita
En la declaración, el dirigente reconoce que «no existe ningún documento escrito» que autorice la creación de los buzones a los que desviar los correos electrónicos del denunciante, el ex trabajador Albert Gabàs, a los antiguos consejeros de Interior, Felip Puig y Ramon Espadaler, y a Esther Rivera, del Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Defiende, pero, que la operación se realizó «según los protocolos» del Cesicat.
Sin embargo, la declaración topa con la instrucción 1/2012 del Departament de Gobernació i Relacions Institucionals de la Generalitat. En vigor desde el 15 de junio de hace cuatro años, aborda «el uso de las tecnologías de la información».
Parece evidente que, en este caso, no fue así y, a tenor de las palabras de Gatius, que no acostumbra a serlo al tratarse de «una amenaza concreta», sin especificar que se entiende como tal.
La situación se agudiza al tener en cuenta el punto 8.5 de la misma instrucción, en el que permite al personal «hacer un uso privado del correo corporativo siempre que se haga de manera excepcional, no abusiva y circunstancial».
Retenidos durante seis meses
Las evidencias obtenidas a través de los filtros no se conservan. El director del Cesicat explica que se destruyen a los seis meses de desactivarse las telas de araña «por entender que no hace falta preservar las evidencias salvo que existiera alguna investigación policial o judicial».
Una práctica que puede afectar a 200.000 funcionarios
Como explicó Economía Digital durante el proceso, el método de intercepción es muy simple y aplicable a los 200.000 funcionarios catalanes. Los servidores de la Generalitat disponen de filtros capaces de desviar los mensajes a los buzones deseados según el remitente, el destinatario o el asunto. Estas bandejas pueden pertenecer a algún trabajador o ser creadas especialmente para la ocasión.
Según el código penal, los agentes que tamicen la correspondencia podrían enfrentarse a penas «de entre tres y cinco años de cárcel» al incurrir en el delito 197 de la carta. Al ser del Cesicat, caerían en el agravante de ser «los encargados de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros».
