La Generalitat impulsa una reforma de la justicia sin contar con los jueces

La Generalitat ha dado el pistoletazo de salida al proceso para la elaboración del Pacte Nacional per la Justícia. El ejecutivo de Pere Aragonès pretende crear un “consenso amplio”, en torno a la reforma de la administración judicial en Cataluña. El objetivo del proceso, según el Govern, es tener un modelo de funcionamiento más ágil y moderno con la ciudadanía en el “epicentro de todas las actuaciones”. 

A finales del mes de julio, la Generalitat impulsará una mesa, liderada por el presidente Aragonès, con la participación de 30 entidades y organizaciones. En este aspecto destaca el hecho que el Govern ha excluido a los representantes del poder judicial y a la vez ofrece tres sillas a entidades referentes del independentismo como son Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua y la Associació Catalana de Municipis.

La iniciativa del Govern, a través del departamento de Justicia liderado por Junts, responde a una moción del Parlament, aprobada en noviembre del 2021 por la mayoría independentista, para constituir un grupo de trabajo que trate, “de forma integral”, todos los problemas que afectan al servicio de justicia en Cataluña. Antes de diciembre, los promotores de la iniciativa quieren tener listas las conclusiones y hacer el acto oficial de la firma del Pacte, a principios del año 2023. 

Los jueces, sin voz ni voto

En un intento de enmascarar la ausencia de la voz del poder judicial, la Generalitat ha presentado una amplia lista de organizaciones con presencia en la mesa: comisión de garantía del derecho de acceso a la información pública, Associació de Micropobles de Catalunya, Oficina Antifraude, Ayuntamiento de Barcelona, Consejo de Gobiernos Locales, Consejo de la Abogacía Catalana, Colegio de Procuradores, Colegio Oficial de Notarios de Cataluña, Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, Colegios de Graduados Sociales de Cataluña, universidades catalanas con estudios de derecho, PIMEC, Foment del Treball, Consejo General de Cámaras, Asociación de Profesionales de Mediación de Conflictos, Joves Advocats de Catalunya y Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos. 

Según las fuentes de la Generalitat, consultadas por Economía Digital, la presencia de Òmnium, Plataforma per la Llengua y la Associació de Municipis de Catalunya en el grupo de trabajo por la reforma de la justicia responde al deseo de una mayor visibilización del catalán o dar un altavoz a las reclamaciones del territorio. 

Más allá del largo listado de entidades, la mesa del Pacte Nacional contará con una representación del Govern (Presidencia, Justicia, Políticas digitales, Territorio, Economía, Interior, Cultura, Universidades e Igualdad), todos los grupos del Parlament y miembros de la comisión de justicia de la cámara catalana. Pese a omitir las opiniones de los jueces, la Generalitat asegura que hará llegar los avances de las reuniones a los órganos de los jueces. 

Situación “alarmante” del catalán en los tribunales

Lourdes Ciuró, consejera de Justicia, justifica el protagonismo de Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural por la situación “alarmante” del catalán en los tribunales. Según datos de la Generalitat, actualmente un 6,9% de las sentencias que se dictan en los juzgados de Cataluña son en catalán. “Estamos en una situación de emergencia y, por lo tanto, cabe hacer un uso normalizado de la lengua en este ámbito”, apunta Ciuró. 

Las palabras de la consejera llegan la misma semana en la que la Generalitat ha avanzado la exigencia del nivel C1 de catalán a los profesionales del sector judicial que trabajen en Cataluña. 

El ejecutivo de ERC y Junts entiende que otros territorios del Estado como la Comunidad Valenciana “han seguido el mismo camino”. Sin dejar el ámbito lingüístico, el Govern también ataca a los magistrados por el hecho que 8 de cada 10 ciudades piden ser notificados en catalán y “los jueces no respetan ese derecho”. 

600.000€ para opositar a juez y fiscal

La consejería de Justicia destinará 600.000 euros a becas para opositar a la carrera judicial y fiscal. La Generalitat valora que hay un alto número de juristas en el territorio catalán que vienen de fuera y “no entienden la lengua o el derecho propio de Cataluña”. 

Con las ayudas económicas, la administración de Pere Aragonès quiere cubrir “el salario mínimo interprofesional para despertar las vocaciones de los estudiantes catalanes que quieran opositar y no se tengan que preocupar por problemas económicos”.