La Generalitat da su brazo a torcer: saca a Acciona de ATLL
Santi Vila ordena constituir una mesa de contratación para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo
El consejero de Territori i Sostenibilitat de Cataluña, Santi Vila, ha zanjado la guerra del agua este sábado al mediodía. El político de Girona ha anunciado en un comunicado que su departamento constituirá una nueva mesa de contratación para cumplir finalmente con la sentencia del Tribunal Supremo sobre Aigües Ter Llobregat (ATLL), tal y como avanzaba Economía Digital. Ha sacado a Acciona del frente de la compañía.
El proceso se iniciará sin demora. Vila indica que el lunes firmará la convocatoria para que se cree la mesa de forma inmediata. Su fin será «estudiar la mejor vía para dar cumplimiento inmediato a la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc) sobre el concurso por el que se adjudicó la gestión del servicio de la red Ter Llobregat«.
Déficit público
«Será responsabilidad de la mesa interpretar la sentencia y analizar cómo puede dar cumplimiento de manera rápida, siempre tendiendo al interés general». El consejero alerta de que la resolución del contrato puede llevar las cuentas de la Generalitat al límite.
La concesión de ATLL permitió al Govern de Artur Mas eliminar 995.506.100 euros de déficit público. Además de desconsolidar esta cifra del cierre de los ejercicios 2012, 2013 y añadirlo al de 2014 –que ya está en el 31,8% del PIB–, tiene que encontrar 298.651.830 euros para devolver al consorcio liderado por Acciona. Esa fue su aportación inicial tras la licitación y, por el momento, la única que ha realizado.
Reveses judiciales
El Gobierno catalán ha argumentado a lo largo de la guerra del agua que los problemas económicos que implican revertir la licitación propiciaban la aplicación de una medida cautelar que evitara cumplir la resolución del Oarcc de enero de 2013.
Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Supremo han rechazado la petición. El alto tribunal incluso responsabilizó al Ejecutivo de Mas por haber firmado el contrato con Acciona sin esperar la resolución del órgano de mediación de la contratación pública.
El Oarcc sólo tardó siete días en resolver tras la firma del contrato al consorcio liderado por Acciona junto al banco de inversión brasileño BTG Pactual (que ha iniciado la retirada de Cataluña por la guerra del agua) y un grupo de minoritarios. El actual tribunal liderado por Juan Antonio Gallo excluyó al adjudicatario al considerar que no respetaba el calendario de obras del pliego de condiciones del concurso.
Recurso ante la resolución del Oarcc
La Generalitat y Acciona han recurrido esta decisión ante los tribunales. El pronunciamiento aún no ha llegado, pero el rechazo a las medidas cautelares demandas no dejaba más alternativa.
El Oarcc obligó a revertir la adjudicación y a abrir de nuevo el concurso público. «Como no podía ser de otro modo, damos cumplimiento a las leyes, que es siempre la voluntad del Govern», afirma Vila en el comunicado.
Han pasado casi dos años desde la publicación de la resolución.
