La fórmula del Govern para blindar el catalán en las escuelas: dos docentes en el 25% de clases en castellano

La Generalitat anunció este jueves una batería de medidas diseñadas para no cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de clases en castellano. El president Pere Aragonès, junto a su conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, comunicó en rueda de prensa que su Ejecutivo incrementará las inspecciones para garantizar que se cumplen los proyectos educativos de inmersión lingüística en catalán.

Y, de todas las iniciativas, destaca una: habrá dos docentes en las aulas en las que deba impartirse la clase en castellano, uno para atender a los alumnos que deseen aprender en esa lengua y otro para los que lo prefieran hacerlo en catalán.

Esta es la fórmula que propone el Govern para cumplir con la justicia. Sin embargo, el responsable de Educación no ha concretado cómo se llevará a cabo esta codocencia de los maestros. Cambray se ha limitado a explicar que cada centro decidirá la manera en la que aplicar el sistema con la intención de que la enseñanza sea «más personalizada» para los estudiantes que quieran aprender en castellano, lo que no corresponde con la exigencia del alto tribunal.

En total, el Ejecutivo contratará a 35 profesores, cifra que coincide aproximadamente con el número de familias que han reivindicado el bilingüismo en los tribunales hasta el momento.

Para buscar el consenso, la Generalitat celebró este jueves una cumbre de la lengua en el Palau de la Generalitat con entidades sociales, culturales y asociaciones afines al modelo de inmersión en catalán  -entre las que estaban Òmnium y la ANC-  y así dar una respuesta al fallo del Supremo. «No nos jugamos solo la lengua, nos jugamos nuestro proyecto y nuestro futuro de país», apunto el president, quien consideró que Cataluña está sufriendo una «ofensiva política, mediática y judicial».

Más inspecciones para garantiza la inmersión en catalán

«Hemos dado orden a la inspección de Educación para que, desde mañana, el cuerpo de inspectores de la Generalitat intensifique la supervisión de proyectos lingüísticos vigentes en cada centro para asegurar su cumplimiento», explicó Aragonès. Cada escuela deberá proceder, según el jefe del Ejecutivo catalán, de acuerdo a «lo que está establecido en cada centro». «Si una clase de matemáticas está prevista en catalán, tiene que impartirse en catalán», aseveró.

«Si una clase de matemáticas está prevista en catalán, tiene que impartirse en catalán»

Pere Aragonès

Así, busca responder a las «alarmas» de que el uso del catalán en los colegios ha disminuido. De hecho, será en las próximas semanas cuando la Universidad de Barcelona elabore un diagnóstico para analizar la situación en profundidad y «actuar». Y, para «revertir los ataques sufridos» en el modelo educativo de inmersión, Aragonès aseguró que la Generalitat desplegaría «una ofensiva legislativa para potenciar el sistema educativo catalán en el marco de la sociedad y la escuela».

«No nos jugamos solo la lengua, nos jugamos nuestro proyecto y nuestro futuro de país», defendió Aragonès. Y reivindicó el modelo de inmersión como «garante de la igualdad de oportunidades, la cohesión y equidad». Por ello, realizó un llamamiento para que todos los catalanes acudan este sábado a la manifestación organizada por Som Escola para a defender la inmersión lingüística.

Ofensiva de las entidades a favor del 25% en castellano

Aragonès anunció estas medidas el mismo día que varias entidades a favor del 25% en castellano han facilitado formularios a las familias a favor del bilingüismo para que reclamen el cumplimiento de la sentencia del Supremo en los tribunales. Así lo anunciaron este jueves un grupo de organizaciones que se reunieron bajo la plataforma Escuela de todos para reivindicar el castellano en las escuelas catalanas.

“Nos gustaría no tener que llenar el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de peticiones porque eso supondría que el Govern de la Generalitat cumple la decisión judicial”, ha asegurado en rueda de prensa José Domingo, abogado de la familia de Canet de Mar que fue señalada por reivindicar la tasa correspondiente de castellano y fundador de Impulso Ciudadano (IC) , una de las entidades que forman parte de la nueva plataforma.

“Nos gustaría no tener que llenar el TSJC de peticiones porque eso supondría que el Govern de la Generalitat cumple la decisión judicial”

José Domingo, fundador de Impulso Ciudadano

Además de esta organización, también se han unido otras entidades como la Asociación por la Tolerancia, Aixeca’t, Ampas Paralelas, CLAC, Cataluña por España, Impulso Ciudadano (IC), Profesores por el Bilingüismo, Plataforma La Silenciosa, S’ha Acabat, Societat Civil Catalana, Segadors del Maresme y la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Según esta última, más de 32 familias catalanas han pedido la escolarización con el 25% de castellano tras el caso de Canet y otras trece tienen intención de presentar próximamente sus reclamaciones.

Y ahora la intención es que más familias se sumen ante la amenaza de la Generalitat de no cumplir con el fallo del Tribunal Supremo. Pese a que ja justicia catalana ha requerido a la conselleria de Educación que “adopte las medidas necesarias para preservar la protección y la intimidad del menor y del recurrente, así como la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo”, el Govern no tiene ninguna intención de cumplir con esta norma.