La fiscalía vincula a Puigdemont con el 3%
La Guardia Civil y la fiscalía sospechan de la relación de Oproler con el Ayuntamiento de Girona cuando Puigdemont fue alcalde
La trama del 3% se extiende. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil vinculan al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont con Oproler, una de las empresas inmersas en el caso de corrupción que salpica a Convergència, informa El Mundo. Todo estaría plasmado en un informe que se ha incorporado al sumario del caso. La investigación sospecha que esta empresa se benefició de adjudicaciones públicas del Ayuntamiento de Girona durante el periodo en el que Puigdemont fue alcalde.
La conexión entre ambas partes quedaría revelada a través de una fotografia y un correo electrónico. En ella aparece el delegado de la empresa en Cataluña, Josep Manel Bassols, con Puigdemont en un partido de fútbol en el Camp Nou. Esta instantánea habría sido hallada en un registro. Supondría, según detallan las informaciones, un «acercamiento» por parte de Oproler a las «autoridades de Girona».
La investigación ha incautado una fotografía y un correo electrónico que revelarían la conexión
Respecto al correo electrónico —fechado el 20 de febrero de 2012– Bassols escribió al presidente de la compañía, Sergio Lerma: «Ayer llevé al fútbol al alcalde de Girona […] La lluvia nos respetó y el resultado fue magnífico. Espero nos ayude a entrar en el Ayuntamiento de Girona». Los investigadores añaden en sus informes que Bassols también escribió a su jefe antes de llevar a Puigdemont al partido. El objetivo era «establecer contactos con influencia política y poder decisorio en la adjudicación de obra pública».
Un perfil «criminal»
Las anotaciones recogidas en la investigación serían tajantes. El máximo responsable de Oproler en Madrid, Sergio Lerma, tiene un «perfil ilícito/criminal». Tal y como recogen diferentes medios de comunicación, «en el registro practicado en el domicilio de Lerma se encontraron 250.000 euros en efectivo. Una cantidad que evidenciaría que la cúpula directiva de la empresa utiliza dinero fuera de curso legal con asiduidad. Este dinero se utilizaría, presuntamente, para conseguir como contraprestación concursos de obra pública.
