La Fiscalía se querella contra Torra por los lazos amarillos
La Fiscalía ha atendido la petición de la JEC y se querella contra el presidente catalán por desobediencia
La Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado contra el presidente de la Generalitat Quim Torra, porque considera que cometió un delito de desobediencia cuando no retiró los lazos amarillos y los símbolos independentistas del Palau de la Generalitat, después de que la Junta Electoral Central (JEC) se lo ordenó.
Tal y como había anunciado previamente, la Fiscalía ha atendido a la petición de la JEC, que pidió estudiar el caso de desobediencia de Torra. La querella acusa al presidente catalán de «desatender» el mandato de la Junta Electoral cuando, «consciente y deliberadamente», decidió mantener simbología «partidista» en edificios públicos dependientes de la Generalitat, «aunque fuera de forma encubierta».
Según la JEC, Torra incuplió la ley cuando no retiró los símbolos independentistas y los lazos amarillos de consellerías y del Palau, después de un periodo de 48 horas y una prórroga de 24 horas más. Este dictamen atendía a la legislación que especifica que en periodo electoral no pueden exhibirse símbolos partidistas e ideológicos en edificios públicos.
Torra podría enfrentarse a multa e inhabilitación de su cargo
Pese a desoír las advertencias de la junta y saltarse el plazo, Torra cambió la pancarta con un lazo amarillo que colgaba del balcón de la Generalitat, por otra con un lazo blanco, alegando que seguía las recomendaciones del Síndic de Greuges de retirar los lazos amarillos y obedecer a la JEC. En este punto, el organismo judicial instó a la Fiscalía a que abriera un expediente sancionador al presidente catalán y ordenó a los Mossos d’Esquadra a retirar todos los símbolos independentistas y partidistas, sin distinción.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) será el órgano judicial engargado de evaluar el caso. Si Torra es declarado culpable por desobediencia, podría enfrentarse a una multa de tres a doce meses e inhabilitación de entre seis meses y dos años, según el Código Penal.
