La Fiscalía protege al Gobierno de su gestión de la pandemia

El Gobierno de Pedro Sánchez no tendrá que rendir cuentas por su gestión de la pandemia de coronavirus. La Fiscalía General del Estado considera que no hay motivos para acusar al Ejecutivo y, en un informe de 310 folios que ha remitido este lunes al Tribunal Supremo, concluye que no se advierte que los querellados hubieran infringido su deber u obligación.

«Se aprecia la imposibilidad de afirmar que, cuando menos con arreglo al actual estado de la ciencia, los querellados pudieran haber desarrollado actuación alguna que pudiera evitar los desgraciados efectos producidos por la pandemia generada por la Covid-19”, dicta el informe. Y añade: “Lo cierto es que no se advierte que los querellados pudieran haber infringido deber u obligación alguna, o actuación cuya implementación hubiera evitado o disminuido de un modo relevante los resultados lesivos finalmente acaecidos, circunstancias todas ellas que impiden atribuirles comportamiento delictivo alguno».

Además, este documento señala que la gestión de la crisis sanitaria fue «idónea y razonable para contener la pandemia». «Lo cierto es que hasta la fecha no se han hallado otras alternativas efectivas frente al contagio de Covid-19, al margen de las medidas de confinamiento, prevención e higiene impuestas por el Gobierno”, insiste.

Por lo tanto, la Fiscalía solicita al Supremo que inadmita 20 querellas en una resolución conjunta en la que los hechos expuestos son muy similares y, sobre todo, por la falda de fundamentación. Por otro lado, existen 40 denuncias que se analizarán en otro informe y, según ha adelantado El País, recibirán una respuesta similar.

El Gobierno no rendirá cuestas por la falta de EPIs o los test fallidos

Entre las cuestiones de las que se exime responsabilidad al Gobierno destacan la falta de equipos de protección a los sanitarios, los conocidos como EPIs, o la compra de test defectuosos. La Fiscalía justifica que eran las comunidades autónomas las responsables de garantizar la salud, por lo que no ve aprecia «falta de diligencia en la adopción por el Gobierno de medidas de prevención epidemiológica y de tutela de la salud pública».

Respecto a los test fallidos, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas indica que, en todo caso, la responsabilidad sería de la empresa a la que se la adjudicó el contrato para la compra. De hecho, el informe sostiene que el Ministerio de Sanidad tomó precauciones y verificó antes de distribuir la calidad del material sanitario.

Finalmente, en cuanto a la gestión durante el estado de alarma, la Fiscalía vuelve a insistir en que no se advierte que ni Sánchez ni ningún miembro de su Gobierno «pudieran haber infringido deber u obligación alguna, o actuación cuya implementación hubiera evitado o disminuido de un modo relevante los resultados lesivos finalmente acaecidos».