La fiscalía pide tres años de prisión para Cifuentes
La fiscalía pide tres años y tres meses de prisión para Cristina Cifuentes por el "caso máster" al considerarla inductora de la falsificación de un acta
Cristina Cifuentes tras la rueda de prensa ofrecida para anunciar su dimisión. / EFE
La fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad documental. Considera que fue inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster.
Según ha informado Fiscalía de Madrid, en su escrito de acusación, cree que Cifuentes indujo a esa falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster que «jamás se produjo» y que exhibió en varios medios y redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».
Además, pide para María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC, otros tres años y tres meses de cárcel.
Según el escrito del fiscal, cuando se publicó que Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas del máster, la expresidenta se puso en contacto con Feito porque había sido profesora en la Rey Juan Carlos durante años y tenía una buena relación con profesores, el rector y el catedrático Enrique Álvarez Conde.
La fiscalía defiende que Cifuentes pidió que se hicieran las gestiones oportunas para dar verosimilitud al máster
Cifuentes quería que Feito hiciera las gestiones oportunas «con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado”, a los que la ésta accedió, añade la fiscalía.
Así, de acuerdo con Álvarez Conde, «y a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el trabajo fin de máster (TFM) y no había procedido a su defensa», decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría «apariencia de verosimilitud», según la fiscalía.
Todo ello para acreditar de cara a los medios de comunicación que la expresidenta había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente.
También pide prisión para el tribunal
Asimismo, el fiscal pide 21 meses de prisión como autora de la falsificación del acta para Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes y que trabajaba como personal laboral en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Rosado fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011–2012 por el Instituto de Derecho Público, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de post grado. El fiscal solicita para ella una pena inferior a la de Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.
Del mismo modo, imputa a Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público, ser coautor indirecto del delito y le reclama tres años y nueve meses de prisión. Aún no se ha fijado la fecha para la celebración del juicio.
La fiscalía también pide una multa de unos 30.000 euros para Cristina Cifuentes
La fiscalía también pide multas para Cifuentes y Conde de 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros, y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.
El «caso máster» junto con la publicación de un vídeo de 2011 en el que se veía a la expresidenta de la comunidad cometiendo un supuesto hurto en un supermercado adelantaron el final de la carrera política de Cifuentes después de casi 30 años desempeñando cargos públicos y orgánicos en el PP.
Así, Cifuentes abandonó la presidencia de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño y más tarde renunció a su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, con lo que perdió el aforamiento que le correspondía.
