La Fiscalía pide suspender la semilibertad de Junqueras y los demás presos de Lledoners

La Fiscalía ya ha recurrido el tercer grado de los nueve presos del procés, concedido por el juzgado de vigilancia penitenciaria de Cataluña —y aprobado por la Generalitat— a las puertas de la campaña electoral del 14-F, de la que casi todos ellos participaron.

Pero dada la negativa de los jueces de vigilancia penitenciaria de Cataluña a suspender el régimen de semilibertad mientras se resuelven los recursos presentados contra el tercer grado, el Ministerio Fiscal ha pedido al Tribunal Supremo tomar cartas en el asunto.

Los juzgados catalanes tomaron la decisión de mantener la semilibertad la semana pasada, por lo que este lunes la Fiscalía recurrió este régimen concedido a la exconsejera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, que están encarceladas en Puig de les Basses y Wad-Ras, respectivamente.

Y este martes, ha hecho lo mismo con la semilibertad de los siete presos del procés que cumplen condena en la cárcel de Lledoners. Se trata de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn.

Suspensión de la semilibertad

Ahora, el Supremo debe decidir si corrige la decisión de los juzgados de vigilancia penitenciaria, y la Fiscalía advierte del «riesgo de fuga» de Forcadell y Bassa y de que no suspender la semilibertad de todos los presos del 1-O puede llevar a un «vaciado de la pena» y a un «no acatamiento» de la sentencia.

En otras palabras, la Fiscalía no solo pide tumbar el tercer grado sino también cerrar la puerta a todo el régimen de semilibertad del que han gozado los presos, algunos más que otros. En su escrito de este lunes, por ejemplo, señalaba que en el último medio año Bassa y Forcadell solo han estado 57 días en el régimen de segundo grado, que «les correspondía».

Esta situación, advierte la Fiscalía, podría repetirse «sine die hasta el final de la condena» si el Supremo no la corrige. Ya cuando recurrió el tercer grado, el Ministerio Público advirtió de que estos permisos estaban vaciando la condena del procés.

En este sentido, el fiscal ha cuestionado los argumentos del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña, que a su juicio hizo una interpretación restrictiva de la Ley Orgánica del Poder Judicial para no suspender de forma automática el tercer grado penitenciario cuando ha sido recurrido.

El juez catalán defendió que los recursos solo son suspensivos si se impugnan resoluciones judiciales, no administrativas. Pero la Fiscalía cree que también tiene efectos suspensivos un recurso que se dirija contra una resolución de la administración y dice que «carecería de toda lógica» que no pueda ser así.

«Si frente a la resolución de la autoridad judicial, que es la encargada de revisar la resolución administrativa, el recurso es suspensivo, necesariamente el recurso frente a la administración también debe considerarse suspensivo».