La Fiscalía pide penas de diez años de cárcel para Millet y Montull por el hotel del Palau

El fiscal de delitos urbanísticos, Antoni Pelegrín, ha pedido diez años de cárcel para el ex dirigente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, por la pieza separada del caso Palau que se refiere al intento fallido de construcción de un hotel de lujo en las inmediaciones de la institución. En el documento, el fiscal les acusa de haber utilizado su importante influencia entre los altos estamentos administrativos para obtener un importante beneficio económico en la operación. El fiscal les acusa de haber cometido delitos de apropiación indebida, falsedad en documento oficial, prevaricación y tráfico de influencias.

Asimismo, la Juricatura pide penas de cuatro años y siete meses a la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato del ya ex alcalde Jordi Hereu (PSC). Entre los acusados, se encuentran el ex teniente de alcalde y regidor de urganismo, Ramón García Bragado; el ex gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer; y el responsable jurídico de Urbanismo de Barcelona, Enric Lambies. La Fiscalia pide la misma pena también para el arquitecto del proyecto, Carlos Díaz, del despacho Tusquets. A todos ellos, se les acusa de falsedad en documento oficial y prevaricación.

El inicio

El inicio del caso del hotel Palau se remonta a enero de 2002, cuando «guiados en todo momento con el común propósito de promover una operación urbanística dirigida a conseguir importantes ganancias económicas», los dos principales acusados se pusieron en contacto con el Intitut Germans de les Escoles Cristianes para adquirir unos inmuebles situados justo en frente de la sede principal del Palau de la Música. A cambio, la institución ofreciía su compromiso de que se harían unas reformas a favor de la escuela La Salle Comtal a su cargo.

Logrado el acuerdo, Millet y Montull utilizaron sus relaciones personales para conseguir que el Ayuntamiento y la Generalidad «colaborasen en la realización de aquella operación urbanística, firmando convenios, agilizando trámites, dando información interesante o dictando resoluciones diversas”. Entre los cambios que se debían realizar, era necesario modificar la permuta de equipamiento educativo por una cualificación que hiciera posible la realización del hotel. Durante estas tramitaciones, es cuando García Bragado así como el resto de acusados de la administración supuestamente entraron en acción.

Concurso privado

Una vez conseguidos los cambios urbanísticos, Millet y Montull «abrieron una especie de concurso privado y sin ninguna concurrencia pública destinado a encontrar una empresa cessionaria de los derechos y obligaciones de la Fundación tenia respecto a aquellas fincas». Así, se enviaron cartas a empresas como Nuñez y Navarro, Grupo Urbasco, Natur System o Olivia Hotels, quien finalmente salió escogida. Según cuenta el escrito fiscal, el administrador de al empresa, Manuel Valderrama, examinó la documentación pero al ver que el Ayuntamiento y la Generalitat habían sellado los documentos no sospechó nada.

Valderrama hizo una oferta por la concesión de más una cantidad adicional de 900.000 euros. Millet y Montull aceptaron la propuesta aunque pidieron que la cuantía suplente se formalizase en dos pagos en metálico. Pese a que Olivia Hotels era la titular de la concesión, la trama del hotel Palau ocultó este hecho para acelerar la tramitación –así que, oficialmente, seguía apareciendo el nombre de la Fundació del Palau de la Música–. Además, a Olivia Hoteles le correspondía pagar 3,6 millones de euros al Palau por ser la institución titular del espacio donde se edificaría –-de hecho, esta es la cantidad que desde un inicio los dos principales acusados aspiraban a conseguir–, así como una compensación a la Generalitat de 5,5 milions por la pérdida patrimonial –- en referencia a la permuta de las escuelas–.