La Fiscalía pide imputar al tesorero y la gerente de Podemos por el caso Niñera
La Fiscalía de Madrid pide llamar a declarar como imputados al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Val
La ministra de Igualdad, Irene Montero, estudia reformar la ley del aborto. Foto: EFE/David Fernández.
La Fiscalía de Madrid ha pedido al Juzgado que investiga el caso Niñera que llame a declarar como imputados al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Val. Sin embargo, se ha opuesto a la imputación de Pablo Iglesias.
El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid abrió el pasado mes de abril diligencias previas por un presunto delito de administración desleal contra la ministra de Igualdad Irene Montero y Teresa Arévalo, asesora de su equipo y ex parlamentaria, para determinar si esta trabajadora desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor pagada con fondos públicos.
Y Frutos y Val habrían sido los encargados de ordenar los pagos, por lo que tendrán que declarar el próximo 19 de julio, mientras que Arévalo lo hará el día 14.
En el auto, fechado el pasado 25 de junio, el fiscal contesta a un escrito previo del titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid en el que le traslada solicitudes planteadas por las acusaciones populares, han precisado fuentes jurídicas a Efe.
La fiscalía no ve motivos para imputar a Iglesias
Sobre la citación de Pablo Iglesias como investigado explica el Ministerio Público se opone porque «no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Pablo Iglesias en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea, a su vez, hija de Pablo Iglesias», explica el texto.
En cuanto a la citación como investigados de Frutos y Val la Fiscalía lo apoya «dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal, los referidos fueron los que ordenaron el pago y por lo tanto, y, en su garantía deben ser oídos como investigados«.
Estos hechos fueron denunciados por la exabogada de Podemos Mónica Carmona. Y, según la resolución, el magistrado abrió diligencias previas «por el presunto delito de administración desleal» contra Irene Montero y Teresa Arévalo al entender que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal«.
Pese a que la ministra tiene condición de aforada y, por tanto, el órgano competente para investigarla sería el Tribunal Supremo, el juez acordó librar oficio a la Comisaría del Congreso de los Diputados para que le notifique la apertura de este procedimiento «a los efectos legales oportunos».
