La fiscalía investiga la expulsión de la policía en Calella y Pineda

La Fiscalía de Barcelona abre una investigación por coacciones, amenazas y delitos de odio contra los responsables municipales después de que varios hoteles expulsaran a  500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil de los hoteles en los que se alojaban. 

A estos alojamientos –entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila– se unieron gimnasios, bares y otros comercios que tampoco permitieron la entrada a los agentes.

Las presiones nacieron a raíz del enfrentamiento entre manifestantes y guardias civiles después de que éstos cargaran la madrugada del domingo vestidos de paísano cuando fueron increpados. 

Fuentes policiales apuntaron a que la alcaldesa de Calella, Montserrat Candini (Pdecat), es la responsable. Al parecer, Candini llamó a los directores de los hoteles advirtiéndoles de que, o echaba a los agentes, o paralizaba licencias de reforma pendientes.

La situación ya ha sido criticada por el resto de fuerzas políticas, como el Partido Popular de Cataluña. Xavier García Albiol, líder de la formación, se trasladó hasta Pineda para transmitir el apoyo a las fuerzas de seguridad. 

Del mismo modo, cinco sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP, SPP y ASP) solicitaron a Interior que condene «con todas las medidas legales, logísticas políticas y de cualquier tipo que pongan fin a estas prácticas mafiosas».