La Fiscalía investiga el aval del Govern a los líderes del procés
El Ministerio Público abrirá diligencias tras haber recibido la denuncia por parte del líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa
Mas, Mas-Colell y Homs ofrecen sus pisos como aval ante el Tribunal de Cuentas. / CDC
La Fiscalía abrirá diligencias para investigar el aval que el Institut Català de Finances (ICF) ha realizado a los ex altos cargos del Govern de la Generalitat condenados por el Tribunal de Cuentas a una multa de 5,4 millones por gastar dinero público en el ‘procés’. El fiscal ha aceptado la denuncia presentada por el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa.
En su escrito, Cs señaló una «operación fraudulenta» por parte del actual Govern, por lo que la denuncia también iba dirigida hacia el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, el conseller de Economía, Jaume Giró y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà.
El fiscal superior de Cataluña, no obstante, ha ordenado que se archive la denuncia sobre estos tres altos cargos porque es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la autoridad competente para investigarlos, dada la condición de aforados de los denunciados por Ciudadanos.
Incertidumbre con el futuro del ICF
Hasta ahora, 29 de los 34 condenados por el Tribunal de Cuentas ya se han acogido al aval impulsado por la Generalitat, mientras que los 5 restantes o bien han abonado la cuantía que se les demandaba o bien han puesto a disposición de la justicia sus propios bienes en concepto de aval.
Hace una semana, el Institut Catalá de Finances ejerció como avalista después de que la Generalitat no consiguiera encontrar ninguna entidad financiera privada que ejerciera dicha función.
En una votación que quedó en un empate técnico, fue el propio presidente del ICF, Albert Castellanos, quien decantó la balanza mediante su voto de calidad.
Esa misma semana, varios de los miembros de la cúpula del ICF dimitieron de golpe. Una dimisión que se vincula a los recelos existentes en el seno de la institución por llevar a cabo este procedimiento. En la Generalitat, de hecho, también existe temor a un posible daño reputacional a la entidad por este caso.
También está en duda la ficha bancaria del ICF tras la maniobra de Aragonès. Este martes, de hecho, el Banco de España inició una investigación para determinar si existe una subordinación del Instituto al Govern. De ser así, no cumpliría con los requisitos para operar como un banco público
