La Fiscalía eleva al Supremo la investigación de Laura Borràs

La Fiscalía ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que investigue a la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs, del estrecho círculo de confianza de Carles Puigdemont, por la adjudicación presuntamente irregular cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), cargo al que accedió en 2013. Según el ministerio público, hasta 18 contratos se adjudicaron supuestamente a Isaías Herrero F. relacionados con programación informática, por lo que pide que se investigue a la portavoz de la formación independentista por delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental. 

La Fiscalía sospecha que Borràs participó «material y directamente» en las adjudicaciones. Según el ministerio público, existen «claros y contundentes indicios de simulación documental continuada» por parte de la diputada. Esto tendría como fin «dotar de una supuesta transparencia y objetividad» a las concesiones de los contratos, «encubriendo» la decisión y «enmarscarando» su fraccionamiento, realizado de forma «ilegal». 

La condición de diputada de Borràs, que le concede el aforamiento, ha propiciado que el ministerio fiscal eleve la causa al Supremo, el único organismo que puede tramitar la causa. La Fiscalía de Barcelona ya solicitó hace unas semanas que el tribunal que preside el juez Manuel Marchena investigara la adjudicación de estos contratos, que estarían concedidos para la reforma y creación de páginas web oficiales. 

De hecho, la jueza de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, pidió hace unos días que investigara a Borràs, la favorita de Carles Puigdemont para sucederle al frente de JxCat, al considerar que esta «abusó» de su cargo de presidenta. 

Según las pesquisas, las irregularidades aparecen en el posible fraccionamiento de los contratos con el objetivo de disminuir su coste, evitando así que salieran a concurso público en los cinco años que Borrás estuvo al frente de la ILC. 

Siguiendo el escrito de la Fiscalía, la diputada de JxCat «propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto y certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente su pago, tal y como se desprende del contenido de cada uno de los expedientes de contratación intervenidos». 

18.000 euros en contratos

El importe total de los contratos asciende a un total de 259.863 euros, que se fueron fraccionando en pagos inferiores a 18.000 euros. Según la Fiscalía, estos «obedecían a una misma unidad operativa o funcional, concretamente, la creación, implementación y desarrollo del portal de la ILC y la creación y desarrollo de varios años literarios». 

Además, los contratos se enmarscararon mediante la adjudicación de otros supuestamente concedidos a proveedores distintos a Isaías Herrero, que finalmente «resultó ser el adjudicatario»  según contempla el documento fiscal. 

Las conversaciones, la gran baza de la Fiscalía

La Fiscalía maneja una serie de correos electrónicos intercambiados entre Borràs y Herrero. En ellos, la diputada de JuxCat señalaba que «el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros». «Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diversos paquetes es cuando piensan que ha habido una infracción. La cuestión es fraccionar», habría explicado la portavoz parlamentaria de la formación independentista a su amigo y colaborador. 

Herrero, procesado por narcotráfico y falsificación de billetes, también manifestó en un correo enviado a uno de sus socios que «con la Borràs, con la jefa, facturo unos trapis por allí». «Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto. Pues de puta madre. Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora», se relata en una de las conversaciones aportadas como prueba en la causa.